El Gobierno provincial cerró el martes una vertiginosa agenda de inauguraciones, recorridas y actos oficiales que lo mantuvo intensamente ocupado durante las últimas semanas. Una seguidilla de eventos que mixturaron lo gubernamental con lo proselitista, y llevaron al mandatario, acompañado de los precandidatos del FDT, de recorrida por la provincia.
Claro que el cese de dichos actos, de enorme valor político electoralista, no fue voluntario ni aleatorio, sino que resulta del acatamiento de una restricción que les prohíbe a los partidos oficialistas usar la gestión pública como herramienta de campaña.
Es el Código Electoral Nacional, en el Artículo 64 quater, el que prohíbe durante los 25 días anteriores a las elecciones, incluidas las PASO, “la realización de actos inaugurales de obras públicas, el lanzamiento o promoción de planes, proyectos o programas de alcance colectivo”.
El mismo artículo explica el porqué de dicha restricción al señalar que lo que se propone es “la captación del sufragio a favor de cualquiera de los candidatos a cargos públicos electivos nacionales, o de las agrupaciones por las que compiten”. Es decir, impedir que el Gobierno use la gestión o las obras ejecutadas con fondos públicos como estrategia de propaganda electoral.
Pero como reza el refrán, “hecha la ley, hecha la trampa”, el Gobierno concentró todas los cortes de cinta, recorridos de obras y anuncios de proyectos en un par de semanas con una planificación minuciosa para terminar justo antes del inicio de la veda legal. Escuelas, rutas, fábricas, insumos, acueductos, infraestructura pública, plazas, oficinas públicas, un centro de genética bovina, caminos, centro de monitoreo… todo lo que fuera útil para convocar gente, presumir gestión y pedirles el voto.
Durante esas semanas, de acá para allá, de la mano del Gobernador, los principales precandidatos del FDT recorrieron la provincia haciendo acto de presencia y soltando alguna arenga electoral, como para que la gente asocie las obras con sus caras y los elija cuando entren al cuarto oscuro.
La estrategia contó con la anuencia y hasta colaboración de Nación, que mandó a visitar a la provincia a varios de sus ministros y principales funcionarios para darle más fuerza a la movida y de paso hacer campaña para la gestión de Fernandez. En cuestión de días, como un desembarco conquistador, los candidatos del FDT en Catamarca recibieron la promoción del gobierno central. Eso sí, siempre dentro de los plazos permitidos.
la titular de PAMI, Luana Volnovich, el ministro de Interior, Eduardo De Pedro, el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Basterra, la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, y el ministro de Educación, Nicolás Trotta fueron algunos de los funcionarios nacionales de primera línea
Siendo estrictos y taxativos en la lectura de la norma, es innegable que todos esos actos, aun con el clarísimo objetivo electoral, estuvieron dentro de lo permitido. Aún más, con precisión de reloj suizo, los últimos actos fueron en la tarde del martes 17 de agosto, a horas del inicio de la prohibición, establecida en el cronograma electoral a partir del 18. Jalil en Recreo, junto a intendentes y precandidatos y Gustavo Saadi en la Capital en un masivo acto de inauguración de una plaza, cerraron esa parte de la campaña. ¿Legal? Sí. ¿Ético?. Muy discutible.
El espíritu de la norma, que subyace detrás de la prohibición del artículo 64 del Código Electoral, es que el espacio político que es oficialismo en cada comicio no debe aprovechar la ventaja de comandar el Poder Ejecutivo para utilizar las inauguraciones de obras públicas, que son su deber y se financian con el esfuerzo de todos los ciudadanos, como mérito del partido que transitoriamente gestiona parte del Estado. Ese es el cimiento moral de la norma.
La determinación de la prohibición durante los 25 días días previos es una disposición operativa y arbitraria, que una ley debe positiva debe establecer. Claramente esa restricción se debe limitar a un periodo de tiempo razonable, pues todos los gobiernos inauguran, recorren y anuncian obras como parte de su gestión. Pero la amonestación ética de no usar los actos de Gobierno como una estrategia electoral debería interpelar a los gobernantes sin importar los plazos legales.
Comprimir todos esos actos de gestión en pocos días justo antes de que rija la prohibición y con francos fines electoralistas es respetar la legalidad, pero no el precepto ético que lo sostiene. Y aunque no implica un delito, si da pistas del nivel de rectitud. Porque el aprovechamiento ventajista de la posición que ocupa el oficialismo no deja de ser una treta electoral.
Podrán decir muchos, con sobrada razón que esta es una práctica de toda la vida, y que todos los partidos la utilizan. Verdad indiscutible, pero que no anula la aspiración de pulir el sistema democrático, elevar la vara moral y depurar las prácticas reñidas con la ética. Revisar, deconstruir, desnaturalizar los vicios de la trampa para gambetear la ley.