En Casa de Gobierno estallaron contra la Corte de Justicia por los superaumentos de sueldo otorgados a los judiciales, decisión que destroza la magra política salarial del Ejecutivo y promete dejar grandes secuelas.
El Ejecutivo todavía tenía la espina de los escándalos de fines de 2023, cuando la Corte metió máxima presión y alentó movilizaciones diciendo que si no les daban más plata no podrían ni pagar los sueldos. Aquella vez se juraron represalias que al final no se cumplieron, pero nadie contaba con esta jugada, que cayó como un baldazo de agua helada.
La bronca es total, porque mientras a la masa de empleados públicos se les otorgó un incremento de sueldos de 2,4, a los judiciales se les dio un 14 por ciento, y ahora todos los gremios hacen fila para exigir que los equiparen.
Esta semana van a arrancar una serie de reuniones con gente de la Corte para ver cómo solucionan, pero no hay solución a la vista, porque si dan marcha atrás con el aumento se arma tremendo lío, y no hay manera de pagarles el mismo aumento a las decenas de miles de los empleados no judiciales. “El daño ya está hecho”, aseguran en el entorno de Raúl Jalil.
Ahora, ¿cómo llegaron en la Corte a dar semejante aumento? ¿Quién tomó la decisión?
Dicen que todo empezó porque se otorgaron ellos mismos un aumento fijo que oscila entre 1,4 y 1,6 millones, para aumentar su propia disponibilidad de efectivo. Y el gremio judicial se enteró de la avivada, entonces reclamaron para ellos también un aumento jugoso.
Fue así que lograron el 14 por ciento, y en lugar de enojarse los cortesanos sintieron que le salió el negocio redondo, porque se quedaron con el tremendo aumento fijo y además se sumaron al 14 por ciento también.
Eso colmó la paciencia del Ejecutivo que intentará hacerlos retroceder por las buenas, pero ya tiene listo un brutal contraataque en la Legislatura.
Buscarán que todo se defina en una sesión para que se vote el límite a los aumentos y se respete el tope que prohíbe a otros dependientes del Estado superar el salario del gobernador.
En la Corte saben lo que se viene pero están confiados, porque creen que si el año pasado (2023 en realidad) no pasó nada, ahora también zafarán.
Mientras tanto, juegan a ser serios pidiendo más o menos la pena de muerte para el juez Fabricio Gershani Quesada por llevar a su nena en el baúl, y proponiendo que su cabeza se clave en la punta de una lanza y se pasee por toda la ciudad.
Una maniobra de distracción muy buena para los medios, pero que con el Ejecutivo parece que no va a funcionar.
El catucho