La secretaria adjunta del SOEM Capital, Eugenia Varela, apuntó con dureza contra la obra social OSEP y el gobierno provincial, en medio de crecientes denuncias por el cobro indebido del plus médico y el deficiente servicio a los afiliados. La dirigente gremial habló en nombre de los trabajadores públicos y lanzó una serie de críticas que ponen en jaque el discurso oficial.
“El sindicato de los trabajadores municipales, en nombre de todos los trabajadores públicos de la provincia, viene trabajando en esta problemática de OSEP con ese decreto que modifica la base de cálculos de la cuota de afiliación”, sostuvo Varela, en referencia a la medida del Ejecutivo que, según denuncian desde el gremio, encareció injustificadamente los aportes sin mejorar la cobertura.
En ese marco, denunció que sigue vigente una práctica que debió haber sido erradicada hace años: el cobro del plus médico. “La pelea que venimos dando hace más de 5 años por el efectivo cumplimiento de la Ley Antiplus, que al día de la fecha no se cumple. El sindicato fue quien logró la sanción en el año 2019 y, a 5 años, seguimos con la misma problemática. Requerimos el cese inmediato del cobro del plus médico”, enfatizó.
La situación de los trabajadores públicos se agrava cada día más, mientras las autoridades hacen la vista gorda. “Pedimos que el Gobierno de la provincia se haga cargo de esta situación, no haga oídos sordos y escuche a los trabajadores porque somos los que estamos pasando por una situación social y económica extrema”, reclamó la sindicalista, dejando al descubierto una realidad que golpea especialmente a los sectores más vulnerables.
Una de las propuestas que impulsa el SOEM para revertir el deterioro de OSEP es que los trabajadores participen activamente en las decisiones. “Lo que hoy estamos solicitando es que el Gobierno de la provincia nos convoque a los trabajadores. Tenemos posibles soluciones para plantear, pero necesitamos ser parte de esa mesa de tratamiento”, afirmó.
Finalmente, Varela se refirió al poder detrás del sistema de salud en la provincia, apuntando a los intereses empresariales vinculados al gobernador Raúl Jalil. “Sabemos a quién le pertenecen los centros asistenciales, hay un grupo importante que se beneficia con esto, pero lo que a nosotros nos interesa es que el servicio integral de la obra social esté garantizado”, denunció.