La Iglesia Católica Argentina se manifestó en contra del proyecto de ley impulsado por el Gobierno nacional que busca reducir de 16 a 14 años la edad de imputabilidad penal. La postura fue expresada por el obispo de La Rioja y presidente de la Comisión de Pastoral Social, Monseñor Dante Braida, quien sostuvo con firmeza que “bajar la edad no es lo adecuado” y que “poner en situación de encierro a un chico no soluciona el problema de raíz”.
El posicionamiento se conoció días antes del tratamiento parlamentario que se dará en el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados, donde el oficialismo, con apoyo de sectores de la UCR, el PRO, el MID y otros bloques aliados, buscará dictaminar favorablemente el proyecto. La propuesta definitiva establece que los menores de 14 años podrán ser juzgados penalmente, aunque en su versión original –elaborada por los ministerios de Seguridad y Justicia, a cargo de Patricia Bullrich y Mariano Cúneo Libarona– se proponía bajar la edad incluso a 13 años.
“Creemos que esta realidad debe abordarse de manera amplia y multisectorial. Hay que mirar las causas por las que un niño tan pequeño llega a cometer delitos graves”, explicó Braida en declaraciones públicas. Además, remarcó que el foco no debe estar en lo punitivo sino en la inclusión social: “La solución no es penal, sino más bien ofrecer oportunidades, contención y mecanismos de recuperación y prevención”.
Desde la Iglesia insistieron en que las condiciones actuales del sistema penitenciario argentino tampoco son aptas para rehabilitar a menores. “Nuestras cárceles están colapsadas, y en muchos casos potencian los problemas en lugar de resolverlos. Estos chicos necesitan oportunidades reales, no encierro”, advirtió el obispo riojano.
Mientras tanto, el Congreso se prepara para un debate intenso. El plenario de comisiones de Legislación Penal, Presupuesto y Hacienda, Familia, Niñez y Juventudes y Justicia fue convocado para la próxima semana. Desde el oficialismo aseguran tener los votos necesarios para avanzar, pero los sectores sociales, educativos y religiosos continúan alertando sobre el riesgo de criminalizar la infancia sin atender las causas profundas de la violencia juvenil.