En una maratónica sesión en la Cámara de Diputados, el oficialismo logró aprobar en general el proyecto de Presupuesto 2026, pero sufrió un duro revés al ver rechazado el capítulo XI, considerado clave para sus objetivos fiscales y de ajuste.
La jugada del Gobierno consistió en incluir dentro del dictamen del Presupuesto la derogación de la ley de financiamiento universitario y la ley de emergencia en discapacidad, dos normas que el Ejecutivo había vetado y que luego fueron ratificadas por el Congreso.
La intención oficial era evitar votaciones particulares sobre estos artículos conflictivos y “camuflarlos” dentro de un paquete mayor. Sin embargo, la estrategia resultó contraproducente: al fallar en sostener el respaldo necesario, todo el capítulo XI —que contenía esos artículos y otros ajustes— fue rechazado por la mayoría de los diputados.
El capítulo rechazado incluía 12 artículos, entre ellos el más controversial: el artículo 75, que proponía la derogación de las leyes de financiamiento universitario y de emergencia en discapacidad. Según estimaciones, la primera representa alrededor del 0,23 % del PBI, mientras que la segunda oscila entre 0,25 % y 0,48 % del producto, fundamentalmente por la ampliación de pensiones y compensaciones a prestadores.
La caída de ese segmento no solo frenó los planes oficiales de recorte, sino que también dejó sin efecto otras medidas que el Gobierno buscaba implementar, como recortes a los subsidios para “zonas frías”, la eliminación de la actualización automática de asignaciones familiares y un esquema de compensación para deudas del sector eléctrico.
El malestar en el oficialismo fue palpable, ya que varios diputados que suelen alinearse con el Gobierno decidieron votar en contra o se abstuvieron, entre ellos representantes vinculados a gobernadores provinciales y legisladores de bloques aliados.
Con la media sanción otorgada al Presupuesto sin el capítulo clave, el proyecto ahora debe seguir su trámite en el Senado. En la Casa Rosada ya deslizan la posibilidad de un veto presidencial si la Cámara alta aprueba el texto retirado de esos artículos, en un contexto político y fiscal que despierta nuevas tensiones para el Ejecutivo.
