A mediados de julio la Legislatura catamarqueña -a iniciativa del bloque oficialista del Frente de Todos- eliminó el Consejo de la Magistratura provincial con el argumento de que no tenía rango constitucional y amplió la cantidad de miembros de la Corte Suprema de cinco a siete.
Semanas después el gobernador peronista Raúl Jalil creó por decreto un consejo consultivo con casi las mismas facultades que el Consejo disuelto, pero sin representantes de los poderes legislativo y judicial.
Para la oposición provincial, liderada por Juntos por el Cambio, las decisiones constituyen un “golpe institucional”. La exgobernadora peronista Lucía Corpacci había aumentado el número de integrantes de la Corte de tres a cinco y, cuatro años después, se volvió a incrementar. El peronismo impulsó en la Legislatura el juicio político a dos de los miembros, Ricardo Cáceres y Amalia Sisto de Leiva, designados en la gestión del Frente Cívico.
Francisco Monti es diputado provincial por el Frente Cívico Social-Cambiemos y acusa al peronismo catamarqueño de haber intentado, desde su regreso al poder en 2011, “copar” el Poder Judicial. “Esta es una provincia muy invisibilizada; nadie de la Nación se expresó sobre el tema. Nunca nadie habló del tema”.
-¿Ya hay propuestas de nombres para la ampliación de la Corte?
-Se ha confirmado mi planteo de quieren copar el tribunal a partir de las propuestas que ha hecho el gobernador. Los nombres son los Fabiana Gómez, la esposa de un intendente del peronismo de Fray Mamerto Esquiú, sin antecedentes suficientes, y el exministro de Seguridad, Hernán Martel. El Senado ya les dio el acuerdo. A esto hay que sumarle un tema particularmente grave que es el pedido de juicio político a Cáceres y Leiva, que ya tiene dictamen favorable. El fundamento del pedido es que no cumplen con la ley que establece un máximo de 65 años para ser parte del tribunal, norma que fue declarada inconstitucional, sentencia que está firme y nunca fue recurrida por el Ejecutivo. El pedido de juicio está en un limbo hace más de un año porque el peronismo no tiene la mayoría de los dos tercios de los miembros para aprobarlo.
-¿Ve puntos de contacto entre la reforma puesta en marcha en Catamarca y la que se impulsa a nivel nacional?
-El mayor es el desprecio de las instituciones. Está claro que para los dos Ejecutivos la Justicia no puede ser un poder independiente; tienen una visión distorsionada. En Catamarca pretenden que la Corte de Justicia sea una mera arteria administrativa del Ejecutivo. El hilo conductor es la imposibilidad de soportar justicia independiente que pueda decidir en contra de los intereses de la administración de turno.
-También se empezará a discutir una reforma constitucional, ¿a qué apunta?
-No hay una congruencia ni coherencia con lo que vino ofreciendo el Ejecutivo como propuesta. Corpacci cuando era gobernadora impulsó una reforma que pretendía darle carácter constitucional al Consejo de la Magistratura que ahora directamente fue eliminado y reemplazado por un comité designado por decreto por el Ejecutivo. El nuevo proyecto avanza en la eliminación del principio de inamovilidad de los magistrados.
-Un punto en común con lo que se discute ahora con algunos magistrados a nivel nacional.
-Es gravísimo, la Nación no se animó a tanto en su proyecto de reforma judicial. Acá la iniciativa incluso establece que los jueces tengan mandato como si fueran funcionarios políticos. Es un avasallamiento total al Poder Judicial.
-¿En el área municipal también se eliminó la representación de minorías en concejos deliberantes de ciudades más chicas?
-Es para aquellas localidades que no tienen Carta Orgánica y es sumamente grave teniendo en cuenta la fragilidad institucional que existe en muchos pueblos del interior catamarqueño, donde el derecho de los ciudadanos está muy golpeado.
-¿Hacia dónde entiende que va Catamarca con estas reformas?
-Creo que por la pandemia del coronavirus y el estado de emergencia que se generó tanto por el Gobierno nacional como el provincial empezaron a manejar agendas ajenas a los objetivos de la cuarentena, que tienen que ver con objetivos de impunidad, de avasallar. En la provincia se copta a la Justicia. La calidad institucional disminuyó severamente por una serie de decisiones del gobernador e incluso de los intendentes que se arrogan potestades que no tienen. Estos severos retrocesos van a ser muy difíciles de revertir.
Fuente: La Nación
