La aparente solidez del oficialismo tras las elecciones legislativas de octubre se resquebrajó esta semana en la Cámara de Diputados, donde La Libertad Avanza (LLA) consiguió la media sanción del Presupuesto 2026, pero vio caer un capítulo clave que incluía la derogación de la emergencia en discapacidad y el financiamiento universitario. El tropiezo dejó al descubierto fisuras en su sistema de alianzas, generando incertidumbre sobre el avance de la prometida agenda de reformas del presidente Javier Milei.
La negociación del Presupuesto había sido encabezada por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, junto al ministro del Interior, Diego Santilli, quienes intentaron asegurar apoyos clave con gobernadores y bloques aliados. En ese marco, se repartieron $66 mil millones en Aportes del Tesoro Nacional (ATN) en diciembre —parte de $199 mil millones asignados durante todo el año— para conseguir respaldo político.
Sin embargo, legisladores de provincias como Tucumán, Catamarca y Salta respaldaron la sanción general del Presupuesto, pero luego rechazaron el capítulo 11, que incluía los artículos más polémicos, evidenciando que los apoyos pactados eran más frágiles de lo que se esperaba. En paralelo, el bloque Provincias Unidas —que había ayudado a garantizar quórum— terminó votando en contra, y los cinco diputados que responden al gobernador Martín Llaryora se abstuvieron o votaron negativamente.
Las tensiones se extendieron también hacia la relación entre LLA y el PRO. Ese bloque había reclamado la inclusión de la deuda de coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires en el Presupuesto, compromiso que finalmente se incorporó dentro del mismo capítulo polémico. El resultado fue que, con la votación por capítulos completos, el PRO terminó sin ese beneficio, lo que profundizó el malestar entre aliados.
La crisis de alianzas se agravó cuando, tras una votación en la madrugada, se concretó un pacto entre los libertarios, el kirchnerismo y los gobernadores de Salta y Misiones para designar a representantes en la Auditoría General de la Nación (AGN). El PRO, molesto, abandonó el recinto y anunció que podría judicializar esa designación.
Hasta ahora, dirigentes del PRO señalan que recomponer la relación con LLA será clave, ya que los 12 diputados que lidera Cristian Ritondo son esenciales para alcanzar el quórum necesario en futuras votaciones. A pesar de contar con una bancada propia numerosa, muchos analistas parlamentarios sostienen que el oficialismo aún necesita ampliar sus acuerdos para avanzar con reformas clave como la laboral o la tributaria cuando se reanuden las sesiones ordinarias en 2026.
Con estas fracturas expuestas en el recinto y reclamos pendientes de varios aliados, el Gobierno se enfrenta ahora a la necesidad de revisar su estrategia política en el Congreso si quiere convertir en leyes sus propuestas más ambiciosas.
