Reprogramaron atenciones en todo el país y reclaman aumentos y una menor presión tributaria. El sector asegura atravesar fuertes dificultades para sostener costos.
La Federación Argentina de Prestadores de Salud (FAPS) informó que el próximo lunes 28 de diciembre no habrá atención médica, como consecuencia de la crisis económica que atraviesa el sector.
La medida de fuerza fue tomada por las instituciones de la salud privada adheridas a la Federación, quienes indicaron a través de un comunicado que se verán obligadas a reprogramar prestaciones ambulatorias que estaban pactadas para hacerse entre las 10 y las 13 horas de ese día. Pero alertaron que, en caso de no tener una respuesta podrían extenderlo el tiempo que haga falta.
Los servicios afectados serán las asistencias médicas previamente programadas y clasificadas como no urgentes: turnos médicos, estudios por imágenes y traslados, entre otros. “La atención de pacientes graves y de urgencias están garantizadas, así como también todos aquellos estudios que requieren una preparación previa”, agregaron.
“Venimos alertando que, con aumentos de costos, ingresos congelados durante todo el año por parte de las obras sociales nacionales, provinciales, PAMI y las empresas de medicina prepaga, una fuerte presión tributaria y el fin del programa de ATP (Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción) las empresas prestadoras de salud privada ya no contamos con el presupuesto necesario para poder brindar una normal atención”, explicaron autoridades.
“Tenemos un atraso de entre el 55% y 60% de los aranceles. Por el Covid-19 los costos se aumentaron de manera escandalosa. El costo por atender la enfermedad fue muy alto, ya que implica una medicación muy cara”, dijo a LA NACION José Sánchez, presidente de la Federación.
Los turnos de prestaciones ambulatorias no urgentes previstos para la franja horaria de 10 a 13 serán reprogramados por cada una de las instituciones involucradas, aclararon desde la Federación.
“Tuvimos que llegar a esta situación para concientizar a toda la sociedad que, sin recursos suficientes será imposible garantizar todas las atenciones. En la medida en que sigamos sin respuesta de las autoridades y de los financiadores y con la presión fiscal que sufrimos, muchos prestadores comenzarán a tener más problemas para atender con normalidad, porque los ingresos no son suficientes para cubrir las prestaciones”, expresaron.
Los protocolos sanitarios que siguieron los centros de salud en todo el país, también requirió de un presupuesto adicional que no estaba pactado por las instituciones y fue lo que encareció los costos de operaciones. “En los hospitales también se respetó el distanciamiento social y a partir de esto la productividad bajó de manera escandalosa. Trasladar a un sospechoso de Covid-19 requirió de más gastos. Lo mismo cuando se programa una cirugía que llevó al cierre de varios centros y salas”, aseveró.
Desde la institución que nuclea a los prestadores de la salud privada señalaron que, como consecuencia de la situación económica que atraviesa el sector, provocada por un abrupto aumento de costos, ingresos congelados por parte de los financiadores y el fin de la ayuda estatal que termina el 31 de diciembre, decidieron recurrir a esta medida de fuerza.
El ejecutivo especificó que, en ese sector hubo un incremento del 40% en el empleo, ya que hay médicos guardando licencia en sus hogares por riesgo a contraer la enfermedad. “Esta situación pudimos tolerarla con el apoyo del Gobierno (el ATP), pero hubo una reducción al impuesto al débito y crédito, cargas sociales y ahora se termina la ayuda del Sipa”, se lamentó.
“Buscamos que el Estado reconozca el trabajo de los sectores privados porque las prepagas nos contratan a nosotros, que somos los prestadores de salud y los que hacemos el trabajo”, indicó. La situación aqueja a más de 5500 prestadores en todo el país.
Por último Sánchez señaló que, de no encontrar una solución, la medida de fuerza podría extenderse hasta encontrar una respuesta: “Podría ser de seis horas, uno o dos días. Lo que haga falta”, sintetizó.
La Federación representa a clínicas, sanatorios, hospitales privados, laboratorios de análisis clínicos, empresas de emergencias médicas, internación domiciliaria, entidades de diagnóstico y atención ambulatoria, diálisis, clínicas de salud mental y establecimientos geriátricos.
