Silvina Batakis convalidará las metas del segundo trimestre del año diseñadas y cerradas por su antecesor, Martín Guzmán, y las presentará sin modificaciones ante el Fondo Monetario Internacional (FMI). Y tomará como gestión propia los números y porcentajes del segundo semestre del año, pero siempre sobre la hipótesis de sostener los compromisos negociados por su antecesor y avalados por Alberto Fernández, que derivaron en el acuerdo aprobado por el Board del organismo el 25 de marzo pasado.
Así quedó determinado y avalado en las últimas negociaciones entre la ahora titular del Palacio de Hacienda y el jefe de Estado, quien le dio a Batakis una certeza y, a la vez, una orden. La ministra no tendrá ni que preocuparse ni dar explicaciones a los interlocutores de Washington sobre las crónicas crisis políticas internas entre las personalidades más importantes de la coalición gobernante. Según le dejó en claro Fernández, ya paró las embestidas personales de Kristalina Georgieva sobre las preocupaciones del FMI ante los cuestionamientos del kirchnerismo al acuerdo vigente. Fue el domingo a la noche, ya con la nueva ministra designada, en una conversación que el Presidente mantuvo con la directora gerente del Fondo, donde ante las consultas de la búlgara le aclaró que se trataba de “cuestiones políticas internas del país, que no ponen en riesgo los compromisos firmados”. La orden presidencial es que cada vez que desde el FMI se consulte sobre estos problemas la respuesta sea la misma.
Batakis considera, según lo conversado ayer con Martín Guzmán, que las metas del tercer trimestre se cumplieron. Con cierta contabilidad y movimientos cambiarios alternativos, pero de manera efectiva. El exministro le advirtió a su sucesora, que habrá que soportar las críticas trasladadas por el director gerente para el Hemisferio Occidental, Ilan Goldfajn. Y le recomendó concentrase en preparar las metas y objetivos para la próxima misión del organismo, la que, si las cosas salen como se espera en Buenos aires, se concretaría a fines de julio o en la primera quincena de agosto. El Gobierno confía en la promesa que desde Washington se le hizo al país: que cualquier alteración de las metas y objetivos por los incumplimientos criollos se resolverá a año completo. Dicho de otra manera, si el acuerdo se incumple, será evaluado por el organismo que maneja Kristalina Georgieva en el primer trimestre de 2023. Y no en el segundo semestre de este ejercicio, lo que implicaría problemas extras para el país.
Es con la confianza sobre esta presunción que desde el Palacio de Hacienda se informó un déficit fiscal primario en mayo de unos $162.412 millones, impulsado por un incremento del gasto de 90%, revirtiendo además el superávit de $25.714 millones del mismo mes de 2021, período en el que operó de manera positiva en la recaudación el Aporte Solidario y Extraordinario, por unos $80.234 millones, dinero que este año no existió y que, de todas maneras, no hubiera servido para terminar los ingresos y gastos en azul.
