La Justicia estadounidense dio un nuevo golpe en el millonario juicio por la expropiación de YPF: el Gobierno nacional deberá transferir sus acciones a una cuenta en Nueva York.
En un fallo que reaviva la tensión entre la soberanía argentina y los tribunales internacionales, la jueza federal de Estados Unidos, Loretta Preska, ordenó al Estado argentino transferir el 51% de las acciones de la petrolera YPF a una cuenta de custodia en Nueva York. La medida, conocida este lunes, forma parte del cumplimiento parcial de la sentencia dictada en 2023, que obliga a la Argentina a pagar 16.100 millones de dólares por la expropiación de YPF en 2012.
La causa se originó tras la decisión del Congreso argentino de nacionalizar el paquete mayoritario de la empresa, entonces en manos de la española Repsol, durante el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner. Sin embargo, el proceso no incluyó una oferta pública para los accionistas minoritarios, lo que desató una demanda presentada por los fondos Burford Capital y Eton Park, que adquirieron los derechos de litigio de sociedades españolas vinculadas al grupo Petersen, que tenía un 25% de participación en YPF.
Ante el nuevo revés judicial, el presidente Javier Milei reaccionó de inmediato y anunció que su administración apelará la decisión. “Sepan todos los argentinos que vamos a apelar este fallo en todas las instancias que corresponda para defender los intereses nacionales”, expresó el mandatario a través de su cuenta oficial en la red social X (ex Twitter).
UN FALLO CONTRA KICILLOF
Nos acabamos de enterar que la jueza Preska falló contra el Estado argentino en el caso de la expropiación de YPF.
Independientemente de la cuestión de fondo, haber llegado a esta situación del país, es responsabilidad directa del inútil soviético de…
— Javier Milei (@JMilei) June 30, 2025
La reacción del mercado no se hizo esperar: las acciones de YPF se desplomaron más de un 4% en la Bolsa porteña y cerca de un 5% en Wall Street, reflejando la preocupación de los inversores ante el creciente conflicto legal.
Desde el oficialismo, sostienen que la ley de nacionalización sancionada en 2012 impedía al Estado argentino lanzar una oferta pública para adquirir acciones adicionales a Repsol, argumento que fue desestimado por la jueza Preska. YPF, en tanto, evitó hacer declaraciones al respecto.
El caso, iniciado en 2015, no solo implica un alto costo económico para el país, sino que también reabre el debate sobre el control estatal de recursos estratégicos como el petróleo y el gas, y los límites de la jurisdicción internacional sobre decisiones soberanas. Con esta nueva medida, la batalla legal por el futuro de YPF suma un nuevo capítulo, mientras el Gobierno argentino se prepara para dar pelea en los tribunales.