El monto total destinado al Congreso es de $40.273 millones y significa un aumento de 53 por ciento. En promedio, hay 70 empleados legislativos por senador y 20 por diputado.
La escandalosa escena del ahora exdiputado Juan Emilio Ameri en la sesión virtual de ayer en la Cámara Baja pone nuevamente sobre el tapete la calidad personal y del trabajo de los miembros del Congreso argentino. Las explicaciones que dio no mejoran la situación y contrastan con el generoso presupuesto del que los legisladores argentinos disponen para cumplir sus funciones.
Esos recursos serán aún más abundantes el año próximo. Aunque en el Presupuesto 2021 el Gobierno proyecta una tasa de inflación del 29%, la “ley de leyes” aumenta en 53% los fondos para el Poder Legislativo, desde los $26.321 millones de “crédito vigente” en el “presupuesto abierto” del ministerio de Economía para 2020, a $40.273 millones el año próximo.
De todo como en Congreso
Esa suma abarca el total del Poder Legislativo, que incluye el funcionamiento de la Biblioteca y la Imprenta, la Dirección de Ayuda Social del personal del Congreso, la Defensoría del Pueblo y la Procuración Penitenciaria de la Nación, así como la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual y una serie de comisiones bicamerales de revisión, monitoreo, seguimiento, control e implementación que abarcan desde Cuentas Nacionales, Servicios de Inteligencia y Reformas al Código Procesal Penal hasta la administración y refacción del histórico edificio de la confitería El Molino.
Las tareas estrictamente legislativas, ligadas a la “formación y sanción de leyes nacionales” insumen $32.858 millones, un 81,6% del total. En esa función aparecen $13.909 millones para el Senado y $15.620 millones para la Cámara de Diputados.
Estas sumas implican para la Cámara Alta un presupuesto estrictamente “legislativo” de $193,2 millones por cada uno de los 72 senadores, a un promedio de $3,7 millones por cada una de las 52 semanas del año calendario. Debe tenerse en cuenta, sin embargo, que las sesiones ordinarias del Congreso se extienden desde el 1 de marzo al 30 de noviembre. Si el cálculo se limita a ese período, la suma por senador por semana aumenta a poco menos de $5 millones, es decir un millón de pesos por día hábil. Esta cifra se explica en buena medida porque en la Cámara Alta hay 5.027 empleados asignados a tareas legislativas, lo cual da un promedio de 70 empleados por senador.
En Diputados, en tanto, el promedio presupuestario es de $60,8 millones por cada uno de los 257 legisladores del cuerpo, lo que arroja un promedio semanal de $1,2 millones y de 1,56 millones por diputado por semana del período ordinario, poco más de $300.000 por día hábil. En la Cámara Baja hay 5.058 personas asignadas a funciones legislativas, a un promedio de 20 por diputado.
Cabe aclarar que los fondos para “formación y sanción de leyes” no incluyen los $3.470 millones en “asistencia bibliográfica” a los legisladores (casi 67 millones por semana calendario) ni los $1.003 millones para la Imprenta del Congreso, ni los $824 millones asignados a distintas Comisiones Bicamerales, Defensorías y Procuraciones.
Una de las planillas del Presupuesto divide los $40.273 millones en los siguiente ítems:
- Gastos en personal: $33.838 millones, que equivalen al 84 % del total del Presupuesto Legislativo
- Servicios no personales: $4.634 millones, que incluyen $2.252 millones en “Servicios Técnicos y Profesionales” y nada menos que $713 millones en concepto de “Movilidad y Viáticos”, es decir casi $2 millones por cada día del año calendario.
- Bienes de uso: $1.236 millones, incluidos $952 millones en “Maquinaria y Equipo”, que al menos en parte se explican por el parque automotor del Congreso.
- Bienes de consumo: $413 millones en “Bienes de Consumo”, incluido $98,2 millones en “Químicos, combustibles y lubricantes”, relacionado sin duda con el parque automotor del Congreso.
- Transferencias: $152 millones.
El Senado, privilegiado
El texto que acompaña el proyecto oficial dice que el presupuesto legislativo, y “en particular” el del Senado, que preside Cristina Kirchner, se centra “en una adecuada y efectiva política salarial que estimule la función de los agentes y resulte acorde a las tareas que se desarrollan y las circunstancias económicas; la adecuación, mejoramiento y mantenimiento de la estructura edilicia, con el objetivo primordial de preservar el valor histórico y patrimonial de más de 80.000 metros cuadrados que dependen del Honorable Senado”, amén de “la actualización total de su parque informático”.
El aumento del 53% en los fondos asignados al Congreso, y en particular al Senado, contrasta con un período de vacas flacas, aumento del desempleo y la pobreza y medidas como la eliminación de la ley de movilidad jubilatoria que el Gobierno dispuso apenas asumió, o la suba del 8,5% (menos de un tercio de la inflación proyectada) en el presupuesto 2021 para el INTA, el 17,5% para el INTI o el 20% para el Conicet.
El Parlamento sueco
El contraste es abismal contra, por ejemplo, el funcionamiento del Parlamento de Suecia, un país con el que el Presidente eligió comparar a la Argentina en los primeros meses de la pandemia de coronavirus.
Así, por ejemplo, mientras el presupuesto 2021 asigna en “viáticos y movilidad” casi $2 millones por día para los legisladores argentinos, una investigación de la BBC precisó que los 349 miembros del Congreso de Suecia reciben en cambio una tarjeta anual (una especie de SUBE) para usar el transporte público. El parque automotor del Parlamento es de 3 vehículos, que sólo pueden usar el presidente y los 3 vicepresidentes del Congreso y sólo para eventos oficiales. En Suecia, sólo el Primer Ministro (un ex secretario del sindicato metalúrgico) dispone de un vehículo para su exclusivo uso.
Los parlamentarios suecos tampoco disponen ni de asistentes ni de asesores personales y si bien su salario neto equivale a unos USD 4.300, esto es sólo el doble de lo que gana en ese país un docente de escuela primaria.
Los diputados “del interior”, sin residencia en Estocolmo, pueden pedir una ayuda extra exclusivamente para los días de semana que trabajan en la capital sueca. Son 110 coronas, unos 12 dólares que, según precisó la BBC, alcanzan para un café con 3 ó 4 “bullar”, una suerte de equivalente sueco de nuestras medialunas o poco más que una ración del tradicional “kötbullar”, unas albóndigas que en un restaurante popular cuestas unas 100 coronas.
Los legisladores suecos trabajan en despachos de 15 metros cuadrados y no tienen secretaria ni asesores personales. Cada partido con representación legislativa recibe fondos restringidos para contratar a un grupo de asistentes y asesores, el “secretariado” del partido que atiende colectivamente, a todos los diputados de la bancada. La proporción es de 101 funcionarios cada 100 diputados, contra los 70 empleados legislativos por Senador y los 20 por Diputado del Parlamento argentino.
La agenda 2021 del Congreso argentino
Además de generosos fondos, el presupuesto consigna una frondosa agenda del Poder Legislativo. Para la Biblioteca del Congreso, menciona un “Plan de Eficiencia del Uso Energético” para alcanzar la “certificación LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) y para la Imprenta “un incremento de trabajos editoriales para el Estado”, incluida la “Difusión de medidas de prevención del COVID-19”. Economía parece tenerle fe a los ingresos a partir de estas actividades, al punto que menciona la construcción de un nuevo edificio “mediante los recursos que genera”.
En el caso de la Defensoría del Pueblo, encargada de defender los derechos de las personas ante el propio Estado, el proyecto cita el programa de Diversidad Sexual y Transversalización para “visibilizar los problemas que afectan al colectivo LGBTI”, el “estudio de la Cuenca Matanza-Riachuelo” y la difusión de garantías y mecanismos de tutela a través, por caso, del “Observatorio de Femicidios”.
Otros dos órganos del Legislativo destacados en el proyecto oficial son la Procuración Penitenciaria, con sus 11 delegaciones en el interior: Chaco, Jujuy, La Pampa, Santa Fe, Chubut, Córdoba, Comahue, Río Negro, Misiones, Mendoza y una “Delegación de Frontera de Centros no Penitenciarios”, en Misiones. Entre las “prioridades” de la Procuración, cuya misión es proteger los Derechos Humanos de las personas presas o a disposición del Estado Nacional, el presupuesto destaca la docencia en las carreras de Abogacía y Trabajo Social de la UBA.
No menos ambiciosa es la agenda que el presupuesto asigna a la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, del cual destaca su “tarea pedagógica esencial” en la promoción de una “audiencia consciente de sus derechos”, en particular en el caso de “sujetos históricamente excluidos de los paradigmas de la comunicación”, entre los que menciona “niños, niñas y adolescentes, pueblos originarios, mujeres, personas con discapacidad, escuelas y entidades académicas, las y los privadas de libertad y las organizaciones públicas y comunitarias sin fines de lucro”.
La Defensoría, dice el documento oficial, seguirá monitoreando las producciones audiovisuales para verificar el cumplimiento de la ley de Medios sancionada durante la presidencia de Cristina Kirchner, tarea que incluirá el “Monitoreo Federal en Noticieros de Televisión Abierta para la coordinación a nivel nacional de qué es lo que se construye como lo público-relevante dentro de lo que se llama “noticias” en los medios de comunicación”. El proyecto menciona incluso el objetivo de que la Defensoría tenga sede propia y permanente (actualmente funciona en el ámbito del Congreso) para lo cual se requerirá a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) la disposición de un edificio o se considerará la “compra o construcción con fondos propios remanentes de fuente financiera de recursos afectados por Ley, en cuyo caso la inversión permitirá capitalizarlos y así acrecentar el patrimonio del organismo”.