Cuando se habla de empleo, entre las principales categorías para clasificarlo se encuentra la que distingue el público del privado. El primero está denostado y se lo considera una carga improductiva que consume el erario, mientras que al segundo se lo toma como indicador de economía saludable. Pero en Catamarca, el Gobierno inventó una nueva categoría: el empleo semiprivado, un híbrido de empresas privadas que contratan trabajadores pero les paga con fondos del Estado.
En Catamarca, hace años que la actividad industrial es sostenida con recurrentes y suculentos aportes del Gobierno. Empresas privadas que compran, producen, venden y contratan según las reglas del mercado, pero que regularmente reciben sus milloncitos de las arcas provinciales.
Se podría hacer una pesquisa documental más extensa y los resultados serían seguramente más impactantes. Pero alcanza y sobra con indagar en las 4 publicaciones del boletín oficial de este 2026 para encontrar cifras hacen abrir grandes los ojos. Casi 600 millones de pesos en aportes a unas 15 empresas en nombre de rebuscados programas y subprogramas que invocan al fomento o sostenimiento de la actividad industrial de la provincia.
Para ser exactos, según la información oficial publicada en los BO 1, 2, 3 y 4 de este año, el Gobierno giró en estos últimos meses 562 millones de pesos a empresas como Algodonera del Valle, Confecat, Fibran Sur, Coteca, Indumentaria Catamarca, Rocotex, Roccia entre otras. En algunos casos, con aportes de una generosidad que conmueve. Como es el caso de Confecta, que recibió 225.400.000 divididos en tres aportes, Algodonera del Valle, que recibió en un desembolso 75.200.000 y Fibran Sur, que recibió tres transferencias por un total de 62.200.000 pesos.
Al gobernador Jalil siempre le obsesionó la idea de crear empleo en el sector privado y reducir la planta de empleados estatales. El éxito del proyecto tenía un parámetro totalmente cuantitativo y perseguía el objetivo de que la brecha entre asalariados públicos y privados se achicara lo máximo posible, fomentando la creación de nuevos puestos en el sector productivo. Cueste lo que cueste.
Con esa política pública como norte, en su primer mandato se promovió la radicación de empresas privadas, particularmente del sector textil y de la confección, atraídas por innumerables incentivos y beneficios, desde exenciones tributarias, subsidios al salario de nuevas contracciones, millonarios créditos a tasas negativas, programas de formación y localizaciones sin costo en naves industriales pagadas por el Gobierno.
Como resultado, es verdad que el número fetiche de asalariados privados creció a cifras récord. Pero en un contexto de condiciones artificiales, donde toda la expansión conseguida dependía del apoyo económico del Estado. Una burbuja de empleo privado que surgió con la inyección de recursos públicos y nunca logró la robustez financiera que permitiera al gobierno desobligarse. Hasta el día de hoy.
Muchas de estos programas y herramientas tienen origen en el contexto de pandemia y pos pandemia, justificadas en la necesidad de sostener el empleo en un escenario inédito. Pero con el paso del tiempo, estos canales de inyección económica de fondos publicos al sector privado se fueron aggiornando, encontrando recurrentemente razones para sostenerlos.
Entender los laberintos administrativos, donde se cita una concatenación de decretos que se basan en más decretos, para rastrear los instrumentos legales que justifican y explican los pagos es imposible. De todas formas, da un poco igual, porque en definitiva todo sale de la misma bolsa y tienen el mismo destino.
Como contraparte, el sector privado es una esponja, un bicho insaciable, que nunca dice “suficiente” y se acostumbró a dividir con el Estado las cargas salariales de los trabajadores que producen para que ellos ganen dinero. El nombre del programa, el número de decreto o trámite administrativo les da igual. Solo importa que los fondos sigan llegando, como desde hace 6 años.
Empresas radicadas durante esta gestión, empresas recuperadas, fábricas de grupos empresarios gigantes con dueños multimillonarios, empresas conocidas por la precarización de sus empleados, empresas pequeñas… hay “asistencia económica” y aportes económicos para todos y para todas.
El argumento oficial habla de transferir fondos de la asistencia social al sector productivo para impulsar la producción y reducir las becas y planes. Y algo de sentido puede tener. El problema es que pasan los años y la industria catamarqueña sostiene su dependencia económica.
Un poco por las condiciones macroeconómicas, un poco por la comodidad del sector privado, un poco por la fijación del mandatario con el empleo privado y el terror a que ese número se vea diezmado por despidos… Tanta inversión en sostener el empleo privado, terminó inventando un híbrido; el empleo privado bancado por el Estado. O, se podría decir, el empleo semi privado.
