En una jornada crucial para Ecuador, marcada por un ambiente político y social tenso, los ciudadanos acudieron a las urnas el pasado domingo para elegir a su próximo presidente. Sin embargo, los resultados no permitieron definir un ganador absoluto, por lo que Luisa González del Movimiento Revolución Ciudadana y Daniel Noboa de la Alianza Democrática Nacional se enfrentarán en un ballotage el próximo 15 de octubre.
Luisa González, una abogada de 45 años, ha demostrado estar estrechamente ligada al líder de su partido, el ex presidente Rafael Correa, a quien también ha reconocido como su mentor. Tras conocer los resultados electorales, donde obtuvo el 33,25% de los votos, González ofreció un discurso en el que destacó: “Este Ecuador valiente, este Ecuador con sentimiento de patria, se movilizó, rompió el miedo y votó por una mujer. Es la primera vez que una mujer obtiene tan alto porcentaje en la primera vuelta”.
Por su parte, Daniel Noboa, hijo de Álvaro Noboa, un influyente empresario y cinco veces candidato presidencial, logró el 23,73% de los votos. En sus palabras dirigidas a sus seguidores, afirmó: “Estamos muy contentos. El pueblo ecuatoriano ha ganado, a partir de mañana debemos empezar a trabajar de nuevo. Estamos en la segunda vuelta”.
Estos resultados marcan un hito en la historia política ecuatoriana, especialmente en un contexto en el que el país ha enfrentado turbulencias y violencia tras el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio. Para garantizar la seguridad durante el proceso electoral, se desplegó un operativo de seguridad sin precedentes, involucrando a más de 100.000 efectivos policiales y militares.
Este proceso electoral se lleva a cabo en medio de un contexto político particular. A pesar de haber asumido la presidencia en 2021, el mandatario Guillermo Lasso decidió recurrir al artículo 148 de la Constitución Nacional, conocido popularmente como “muerte cruzada”. Esta medida implica la disolución del Congreso y la convocatoria a nuevas elecciones generales. La decisión de Lasso se fundamenta en un juicio político que enfrenta por presuntos delitos relacionados con la administración pública y malversación de fondos.
