Todo el mundo conocía la situación de Enrique Aybar, un sujeto prometió ayudar a una niña de 15 años, y con esa excusa la trajo desde Puerta de Corral Quemado (Belén), donde ya era intendente, a la ciudad.
Aquí lo que hizo fue aprovechar la indefensión de la niña para someterla sexualmente, un acto aberrante y repugnante, agravado por el abuso de autoridad y la falsa protección que le ofreció como engaño.
La familia de la víctima hizo mil denuncias, pidió Justicia, pero la causa se fue pateando y pateando.
Llegaron así nuevas elecciones, y para los muchachos de Juntos por el Cambio peso más el interés por retener la intendencia y sumar votos que el horror sufrido por la niña y los pedidos de la familia y gran parte de la comunidad.
Miraron para otro lado, hicieron la vista gorda, silenciaron a los que no estaban de acuerdo, y apoyaron con dinero y voluntad al violador para que fuera electo nuevamente.
Un día se desperezó la justicia, y finalmente Aybar fue condenado. Ahí sus amigos de la política pusieron su mejor cara de circunstancia y se lamentaron.
Entonces se presentó un proyecto en la Legislatura por cinco legisladores que señalaron concretamente: “No admitimos a un violador como intendente, debe ser desplazado ya”.
El proyecto lo respaldaron Daniel Lavatelli, Verónica Mercado, Armando López Rodríguez, Hugo Corpacci y Armando Zavaleta. Nunca lo ponían en el temario del día, hasta que esta semana exigieron que fuera tratado sobre tablas.
¿Y qué pasó? Los amigos de Aybar salieron otra vez al rescate y no lo aprobaron. Aybar, el violador de menores, sigue siendo intendente.
El proyecto proponía con toda coherencia y razón que se reconociera como “causal de impedimento temporario para ejercer el cargo de Intendente Municipal tener condena en proceso penal en primera instancia por delito doloso, sin perjuicio de los remedios procesales a los que las partes y el condenado tengan derecho, y que oportunamente se interpongan. El apartamiento del cargo del funcionario condenado en primera instancia, se extenderá durante el resto del proceso penal y hasta tanto exista sentencia firme en cuyo caso, si el funcionario del que se trate resultare absuelto, podrá retomar sus funciones electivas hasta el final de su mandato”.
No lo aprobaron. ¿Qué lo van a aprobar? No vayan a perder un municipio. Eso sí, después suben todos dibujitos de NiUnaMenos en Facebook. Con eso ya creen que cumplen con la sociedad.
