Hay muchas cosas en juego en la Argentina de estos días, pero hay una que resalta por la gravedad institucional de sus consecuencias. No se trata de planteos populistas como la dolarización o la bizarra libre comercialización de órganos humanos; tampoco picardías costosas como aumentar el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias. Estamos hablando de algo tan central como la justicia.
Con total desparpajo, cual si los problemas centrales del país no fueran el 40% de pobreza de su población o una amenazante hiperinflación, en el día de ayer, la mayoría oficialista no tuvo mejor idea que aprobar en el Senado de la Nación una serie de pliegos de jueces burlando condiciones constitucionales elementales. Entre ellos, hay un caso particular que es el de la Dra. Ana María Figueroa. Nada tienen que ver estas consideraciones con las condiciones personales de la ex magistrada, sino con lo ocurrido ayer en el Congreso de la Nación respecto de su continuidad.
Aún con lo establecido por la Constitución Nacional de manera clara y hasta contundente, aún con lo decidido por una flamante Acordada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se pretendió perpetuarla en su cargo.
Vamos a las consecuencias inmediatas. Lo primero es un conflicto de poderes, en plena campaña electoral pero sobre todo con un gobierno en retirada. Lo segundo es que queda a la luz un interés inmoral, por la impunidad, revelado en la circunstancia de adhesión pública que ha hecho la ex magistrada por el ideario y políticas del oficialismo en fuga. Pero ahora lo más importante, lo que realmente cuenta para el país. Lo que está en discusión, es la justicia como valor o la justicia como sistema.
Si miramos con atención, desde la creación de “Comodoro Py” allá por los 90 del siglo pasado, lo que se instauró es una justicia como sistema, como dispositivo del poder para su manejo. Esta grave tergiversación simplemente la degeneró. Una buena parte del servicio de justicia dejó de ser tal y le dio la espalda a la gente. Contra natura, se dedicó a seguir el ritmo del poder político y dejó de cumplir su destino. La justicia como valor y no como sistema es mucho más que transferirle las partidas presupuestarias al poder judicial. Esas son naderías.
Si realmente queremos cambiar, cambiar en serio, la justicia tiene que dedicarse a cumplir su rol para la Argentina del siglo XXI, para los problemas que nos acucian aquí y ahora. Esto significa desde ayudar a combatir el narcotráfico donde asola, como Rosario y el conurbano bonaerense, hasta ampliar su potencia y
exceder lo meramente penal, dando respuestas rápidas, concretas e inteligentes en todos los otros fueros, resolviendo asuntos como un divorcio, una adopción, un accidente, un robo, en fin, todo lo que acucia a la sociedad en su día a día.
Que la vergüenza de ayer sirva de excusa para terminar y empezar de nuevo. Este cambio sólo lo podemos hacer entre todos. Pero especialmente depende de que pongamos la justicia como valor en el centro del debate. Recordando la frase de un gran jurista: “si la justicia anda bien, aunque todo ande mal, todo puede andar bien; si la justicia anda mal, todo va a andar mal.”
Créditos: Saravia Frias.