El Senado de la Nación Argentina sancionó este jueves el nuevo Régimen Penal Juvenil, una norma que baja la edad de imputabilidad de 16 a 14 años y que le dio al oficialismo una nueva victoria legislativa. La iniciativa fue aprobada con 44 votos a favor y 27 en contra, tras un debate extenso y cargado de tensión dentro y fuera del recinto.
La sesión, que se desarrolló en medio de protestas y enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad en las inmediaciones del Congreso, continuará ahora con el tratamiento de la Reforma Laboral, otro de los proyectos clave para el Gobierno y que también se encamina a obtener respaldo parlamentario.
En cuanto a la representación de Catamarca en la votación, el senador Flavio Sergio Fama (UCR) acompañó la iniciativa del oficialismo. En cambio, Guillermo Eduardo Andrada (CF) y Lucía Benigna Corpacci votaron en contra del proyecto, alineándose con los bloques que cuestionaron la baja de la edad de imputabilidad y el alcance del nuevo Régimen Penal Juvenil.
Qué establece el nuevo Régimen Penal Juvenil
El texto aprobado fija penas máximas de hasta 15 años de prisión para adolescentes, con la posibilidad de acceder a la libertad condicional una vez cumplidos los dos tercios de la condena. En los casos de sentencias de hasta tres años, o de entre tres y diez años que no correspondan a delitos graves, se prevén sanciones alternativas a la privación de la libertad.
Entre esas medidas figuran amonestaciones, restricciones de contacto con la víctima, prohibiciones para conducir vehículos, concurrir a determinados espacios recreativos o salir del país, además de la obligación de realizar tareas de servicio comunitario.
Para la puesta en marcha del régimen, se asignó una partida presupuestaria de $23.739.155.303. Más de $20.000 millones estarán destinados a la Defensoría General de la Nación, con el objetivo de garantizar la defensa de los jóvenes en conflicto con la ley. Otros $3.000 millones irán al Ministerio de Justicia, que deberá designar a los denominados “supervisores”, una figura central para el seguimiento de los adolescentes imputados.
Según el proyecto, estos supervisores deberán contar con formación en áreas como educación, pedagogía infanto-juvenil, psicología, adicciones y trabajo social, y mantener entrevistas semanales con los jóvenes para acompañar y controlar su evolución durante el proceso judicial y, en caso de corresponder, durante la detención.
En cuanto a los lugares de alojamiento, la norma establece que deberán ser espacios especialmente acondicionados y con personal capacitado. Si bien no se fija un financiamiento específico para este punto, se habilita a la Nación y a las provincias a firmar convenios de cooperación para cumplir con los estándares previstos, incluso para el traslado o alojamiento de adolescentes en otras jurisdicciones.
