La Cámara de Senadores realizó este jueves su 28° Sesión Ordinaria de Prórroga donde se trató sobre tablas y dio sanción definitiva a los Presupuestos Legislativo, del Poder Ejecutivo y Ley Impositiva, además de aprobar dos proyectos vinculados con la Justicia.
Por unanimidad, la Cámara Alta convirtió en Ley N° 5897 el Presupuesto Legislativo para el ejercicio fiscal 2025 el cual demandará un total de $58.167.138.664,00, este monto se divide en un total de $31.794.815.415,00 para la Cámara de Diputados y $26.372.323.249,00 para el Senado.
De igual manera, quedó sancionado en forma definitiva el Presupuesto General de gastos y recursos del Sector Público Provincial, cuyo monto asciende a más de 2 billones de pesos ($2.119.044.470.854,00).
Aprobado este Presupuesto se asignó a la Ley el N° 5898, considerando asimismo que se fijó para el Poder Judicial un total de $102.838.119.316,00.
Iniciada por el Poder Ejecutivo, el Senado también otorgó sanción definitiva a la Ley Impositiva para el Ejercicio Fiscal 2025 que lleva el N° 5899.
La senadora Andrea Lobo, como presidenta de la Comisión de Presupuesto, Hacienda y Legislación Laboral fue la encargada de fundamentar cada una de las iniciativas, apuntando a los objetivos previstos, posibilidades financieras y situación económica de la provincia.
Por su parte desde el bloque radical se acompañó cada una de las Leyes considerando la voluntad de hacer los aportes necesarios pensando en el bienestar de todos los catamarqueños y que el destino de los fondos sea para lo que corresponde.
Tras un cuarto intermedio, la Cámara Alta incorporó a la Orden del Día, trató y dio media sanción a dos proyectos de Ley referidos a la Justicia en la Provincia.
Juzgados
El primero presentado por los senadores Ramón Figueroa Castellanos y Horacio Octavio Gutiérrez tiene que ver con la “Modificación a la ley N°5.082 de creación de los Juzgados de familia de la provincia”.
Conforme al articulado se Incorpórase a la ley 5082 el artículo 1º BIS, el que quedará redactado de la siguiente manera: “ARTICULO 1º BIS: Créase el Juzgado de Primera Instancia de Familia y de Violencia Familiar y de Género de Cuarta Nominación, que funcionará dentro del ámbito de la Primera Circunscripción Judicial, con la competencia establecida en el artículo 7 de la ley N° 5082 y la prevista en la ley N° 5434”.
Asimismo, se Incorpora a la ley 5082 el artículo 1º TER, el que manifiesta que “los Juzgados de Familia de Primera Instancia de Primera, Segunda y Tercera Nominación se denominarán Juzgados de Familia y de Violencia Familiar y de Género y tendrán la misma competencia establecida en el artículo primero para el Juzgado de Primera Instancia de Familia y de Violencia Familiar y de Género de Cuarta Nominación”.
Otro de los artículos modificados tiene que ver con que “Los Juzgados de Primera Instancia, de Familia y de Violencia Familiar y de Género serán unipersonales y estarán a cargo de un/a juez/a letrado/a, quienes deberán reunir las condiciones exigidas por la Constitución de la Provincia y la Ley Orgánica del Poder Judicial para los/as jueces/zas de primera instancia, debiendo además cumplir con el requisito de la especialidad establecido en el artículo 17° de la ley 5434”.
También se incorpora a la Ley 5082 el artículo 3º BIS, que establece que “Los Juzgados de Primera Instancia, de familia y de Violencia Familiar y de Género serán asistidos cada uno por tres Secretarías, quienes deben cumplir los requisitos exigidos por la Constitución de la Provincia y la Ley Orgánica del Poder Judicial para los/as secretarios/as de Primera Instancia”, entre otras modificaciones.
“El presente Proyecto de Ley busca modificar la Ley Provincial N’ 5.082 de Creación de los Juzgados de Familia de la Provincia de Catamarca, cambiando su denominación por “Juzgados de Familia y Violencia Familiar y de Géneros”, con la finalidad de establecer en forma específica su competencia ya asignada en materia de violencia familiar y de géneros” apunta la fundamentación que fue expuesta por el senador Guillermo Ferreyra, presidente de la Comisión de Justicia y Seguridad, apuntando la inminente necesidad de garantizar a las víctimas de delitos el derecho al asesoramiento, asistencia, protección, acceso a la justicia, trato justo y respetuoso, reparación celeridad y todos los derechos establecido en nuestra Ley Nacional N° 27.372 Ley de Derechos y Garantías de las Personas víctimas de delitos, frente a los contextos y situaciones de vulnerabilidad por la que se ven atravesados, lo que nos lleva a establecer y coordinar medidas y acciones para promover y garantizar el acceso a la justicia posibilitando un ejercicio efectivo de los derechos de las víctimas.
Derogación
El segundo proyecto aprobado, también autoría de los senadores Figueroa Castellanos y Gutiérrez corresponde con Deróguese la Ley Provincial N’ 5.662 modificada por la Ley N° 5.679 de Creación de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Familia, Laboral y Penal de Cuarta Nominación con asiento en la ciudad de Belén.
“En el marco de un proceso integral de reforma, ante la incipiente necesidad de adaptar los recursos y herramientas a los requerimientos reales de la sociedad de obtener una respuesta rápida y eficiente del servicio de justicia, es que se propone la eliminación de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Familia, Laboral y Penal de Cuarta Nominación, basada en la necesidad de reorganizar y potenciar el sistema de justicia con los recursos ya disponibles sin que sea necesario incrementar la estructura judicial existente” destaca entre sus explicaciones la iniciativa que contó con la sola abstención de la senadora por Belén, Soledad Blas.
“El fortalecimiento de los mecanismos de justicia no implica necesariamente la creación de nuevos organismos, sino la mejora y reconfiguración de los existentes. La eliminación de esta Cámara de Apelaciones en el interior responde a la necesidad de evitar el crecimiento de costos operativos, administrativos y salariales asociados” señala parte de la fundamentación expuesta por el senador Ferreyra.
Estos dos últimos proyectos fueron girados a la Cámara de Diputados para su tratamiento.