Juntos por el Cambio se opuso con el argumento de que ya investiga la Justicia. La iniciativa la presentó Oscar Parrilli en abril y se trató recién después del anuncio del Presidente.
El Senado avanzó esta tarde en la conformación de una comisión para investigar presuntas irregularidades en la relación crediticia entre el Banco Nación y la empresa cerealera Vicentin, luego de que el gobierno nacional anunciará su intervención.
La comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara alta, María de los Angeles Sacnun, pasó el dictamen a la firma digital, luego de la oposición abandonara la reunión virtual, argumentando que hay una causa judicial en curso.
“Una de las labores que tenemos es velar por los intereses y recursos del Estado y esta empresa ha violentado y perjudicado los intereses del Estado argentino y es lo que queremos investigar”, sostuvo el senador del Frente de Todos, Oscar Parrilli, autor de la iniciativa, al tiempo que advirtió sobre la cesación de pagos por parte de la exportadora de granos.
Parrilli explicó que “este proyecto para crear esta comisión investigadora obedece a los hechos que se conocieron a raíz de una denuncia del director del Banco Nación, Claudio Lozano, con respeto a sus autoridades anteriores, en torno a un crédito irregular y perjudicial”.
Increíble. La oposición también abandona las comisiones de trabajo. Ahora se van de asuntos constitucionales dejando un escrito "porque tienen una reunión más importante" 🤷♀ Ese es el valor que le dan al trabajo legislativo y a las instituciones. pic.twitter.com/l4SShR13jl
— Ana María Ianni (@AnaMariaIanni) June 12, 2020
“Pretendemos con este proyecto conocer cuáles fueron las acciones que se llevaron adelante por parte del Banco, cuáles fueron los controles de BCRA y las actitudes de la empresa que estaban llevando adelante una maniobra lesiva a los intereses del Banco Nación”, destacó Parrilli.“También queremos saber sobre posibles operaciones de encubrimiento y lavado de dinero y sobre subfacturaciones de exportaciones”, agregó.
El senador consideró que “una de las responsabilidades” del Poder Legislativo “es velar por los intereses de los recursos del Estado” ya que “esta empresa violentó y perjudicó los intereses del estado argentino”.
Seguidamente, la senadora de Juntos por el Cambio, Laura Rodríguez Machado, leyó una carta que presentó ese interbloque ante la Comisión de Asuntos Constitucionales para fundamentar su rechazo a la creación de una comisión investigadora y luego anunció que se retiraban de la reunión, que se desarrolla por videoconferencia.
En la carta que leyó la senadora opositora, Juntos por el Cambio recordó que hay “una causa abierta en la Justicia con el objeto” que plantea el proyecto de comisión investigadora y que, por lo tanto “no se entiende entonces la razón por la que se pretende que el Congreso se constituya en una especie de juzgado de instrucción”.
Los senadores de Juntos por el Cambio señalaron que esto “obstruiría la acción del juez competente” y consideraron que “en la práctica, lo que se propone es un nuevo avance de un poder sobre otro y superponiéndose en el normal funcionamiento institucional”.
“Nos vamos a retirar y les pedimos que se chequee si hay quórum en la comisión antes de despachar dictamen”, advirtió Rodríguez Machado, tras lo cual Sacnun confirmó el quórum con los senadores presentes.
En respuesta a la posición opositora, la senadora del Frente de Todos, Anabel Fernández Sagasti, declaró que “es crucial” investigar lo que sucedió y aseguró que “el Congreso tiene las facultades para ocuparse de la mayor estafa que pudo haber sufrido el Estado y en la que habría incurrido el grupo Vicentin”.
Parrilli presentó el 30 de abril pasado un proyecto de ley que propone crear una comisión bicameral investigadora de presuntas irregularidades, que pudieron haber existido en la relación crediticia entre el Banco Nación y la compañía cerealera.
En caso de aprobarse su creación, la comisión bicameral estará integrada por 12 legisladores -seis de cada cámara- para determinar si el Banco Nación cumplió los procedimientos correspondientes para los otorgamientos de los préstamos y sus refinanciaciones y si actuó en cumplimiento de la normativa vigente por el Banco Central.
En el segundo artículo, dispone que se dilucide también si el Banco Central, en su condición de organismo regulador, “ha efectuado el control correspondiente en el marco de sus funciones regladas”.
En la reunión de hoy, los integrantes de la comisión de Asuntos Constitucionales también discutieron proyectos de senadoras del oficialismo que otorgan jerarquía constitucional a la Convención Interamericana sobre Protección de los derechos humanos de las personas mayores, adoptada por la Organización de Estados Americanos (OEA) el 15 de junio de 2015 y aprobada por ley 27.360.
Además, se trataron propuestas para crear las comisiones de Discapacidad y de la Juventud en el ámbito del Senado.
