El Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) sumó un nuevo proyecto, el sexto desde su implementación: se trata de una iniciativa presentada por la empresa Galán Litio para desarrollar una planta de producción de cloruro de litio de alta calidad en el Salar del Hombre Muerto, provincia de Catamarca. El plan contempla una inversión de US$217 millones y proyecta exportaciones por más de US$180 millones a partir de 2029.
El anuncio fue realizado este martes por el ministro de Economía, Luis Caputo, a través de su cuenta en la red social X, donde destacó que el proyecto aprobado se suma a un conjunto de iniciativas que ya comprometen un total de US$12.800 millones en inversiones en el país. El objetivo principal de la planta será producir cloruro de litio que luego será transformado en carbonato de litio de grado batería, insumo clave para la industria de la electromovilidad.
En paralelo, el Comité Evaluador del RIGI también confirmó el primer rechazo desde la puesta en marcha del régimen: se trata del proyecto de litio “Mariana”, impulsado por la firma china Ganfeng. La iniciativa, que preveía una inversión de US$273 millones en Salta, fue desestimada por no cumplir con los requisitos establecidos, como la inversión mínima a ejecutar durante los primeros dos años. El dato no pasó desapercibido en un contexto geopolítico sensible, dado que el rechazo ocurrió al día siguiente de que el embajador designado por Donald Trump afirmara que vendrá a Argentina para “limitar la influencia maligna” de China, Irán y Venezuela.
Desde su implementación en octubre pasado, el RIGI ya recibió 15 presentaciones, de las cuales seis fueron aprobadas. Entre los proyectos destacados figuran el parque solar El Quemado de YPF Luz en Mendoza, el oleoducto Vaca Muerta Sur, y nuevas plantas para la exportación de gas natural licuado y litio en Salta.
El régimen otorga importantes beneficios fiscales y cambiarios, como reducción del impuesto a las ganancias, facilidades en el IVA, exenciones arancelarias temporales y acceso gradual a la libre disponibilidad de divisas. A cambio, exige un compromiso de inversión mínima de US$200 millones y el desembolso de al menos el 40% del monto total en los primeros dos años del proyecto.