La reglamentación de la Comisión Nacional de Valores (CNV), a través de la Resolución General 1071/2025, habilitó formalmente la creación de los Productos de Inversión Colectiva de Cese Laboral (PICs de Cese Laboral), una herramienta que el Gobierno impulsa como alternativa al sistema de indemnización tradicional. Sin embargo, a pesar de contar con un marco legal y operativo, el mecanismo aún no muestra avances reales ni genera consenso entre los actores centrales del mercado laboral: sindicatos y empresas.
Estos PICs pueden estructurarse como Fondos Comunes de Inversión Abiertos o Fideicomisos Financieros, y están destinados exclusivamente a administrar aportes mensuales que las empresas realizarían para cubrir el eventual pago de cesantías. Según establece la norma, los fondos deben registrarse individualmente por trabajador, no pueden ser embargados y solo pueden usarse para cubrir montos pactados en los Convenios Colectivos de Trabajo (CCT).
El objetivo del esquema es reemplazar el pago único al momento del despido por un sistema de ahorro anticipado, generando previsibilidad para los empleadores y mayor seguridad para los trabajadores. La norma permite acordar aportes equivalentes a un sueldo y medio anual, distribuidos en doce cuotas. Sin embargo, la aplicación del régimen es completamente opcional y depende de la negociación colectiva, lo que hoy representa su principal obstáculo.
Desde la CGT señalan que el modelo no convence ni a empresarios ni a gremios. “A los empresarios les encarece de manera absoluta los despidos”, argumentan, aludiendo al impacto de tener que hacer aportes fijos todos los meses. Además, cuestionan la lógica del sistema: “Primero hay que definir si te llevás el fondo en todos los casos o solo si te despiden. ¿Por qué a los grandes les interesaría eso? Si se cuidan, forman a sus trabajadores y no despiden, habilitan a que los más chicos lo hagan con los fondos que todos aportan”, advierten.
Otra crítica frecuente desde el movimiento sindical es el riesgo de despersonalización en el vínculo laboral. “Si lo paga el fondo de cese, te echo mañana porque no me gusta tu cara. La empresa va a pagar el cargo eche o no eche al trabajador”, describieron fuentes gremiales, preocupadas por el debilitamiento de las garantías que hoy implica la indemnización directa.
Aun así, reconocen que el fondo podría resultar útil en sectores con alta informalidad o rotación, como el gastronómico o el comercio, donde predominan las pymes. “En esos casos, como sindicato puede interesar la cobertura para trabajadores que no tienen protección”, afirmaron.
Desde el sector empresario, especialmente en comercio, la respuesta también es de escepticismo. “Acá no se habló del tema del fondo de cese. Si bien en su momento Armando Cavalieri se refirió a que sería bueno para casos de posibles despidos de empresas insolventes, después quedó en la nada porque no es sencillo manejarlo”, explicaron desde el gremio. Además, señalan que hoy muchas empresas ya tienen estrategias de provisión interna para casos de despidos concretos, sin necesidad de inmovilizar dinero de forma anticipada para toda su nómina.
“La negociación colectiva hoy está concentrada en el tema salarial. No veo que ningún convenio colectivo lo haya acordado. Y con la polarización actual, no lo creo posible”, sintetizó una fuente empresaria.
Uno de los pocos puntos positivos reconocidos es la posibilidad de reducir la litigiosidad: con un fondo preexistente, el trabajador podría cobrar rápidamente al ser despedido, incluso si la empresa atraviesa una crisis. “Podría haber menos juicios. Pero yo no le veo mucha viabilidad. Desde el Gobierno, no obstante, lo quieren impulsar”, agregó otra fuente consultada.
El abogado laboralista José Zabala, socio del estudio Adrogué Zabala Discenza Ronchetti, coincidió en que la herramienta depende enteramente de la voluntad de las partes. “Todo esto se refiere a lo que uno pueda pactar en convenio. Y luego, al acuerdo que el empleador pueda optar. No tengo noticias de que en este momento haya ningún convenio que lo haya tratado”, indicó.
Para Zabala, avanzar con una transformación de este tipo requiere una discusión más profunda. Si bien considera que para los trabajadores podría representar una mayor seguridad ante eventuales crisis, remarcó una pregunta clave para el empresariado: “¿Cuál es el incentivo real para que el empleador inmovilice dinero mes tras mes para algo que quizás nunca use?”