La directiva fue emitida durante una reunión en horas de la tarde de este sábado, donde el ministro de Seguridad, Gustavo Aguirre, junto al Jefe de la Policía de la Provincia, Ángel Agüero, evaluaron los hechos sucedidos en los últimos días en la localidad donde se detuvo a un efectivo policial por un grave hecho de violencia familiar y de género.
A partir de irregularidades en el procedimiento, el ministro Aguirre ordenó inmediatamente que se remueva al personal que estaba a cargo de la dependencia de la jurisdicción, el pase a disponibilidad del oficial superior a cargo de la Jefatura de zona, del personal a cargo de la comisaría, de los oficiales de servicios y jefe de guardia e iniciar sumario administrativo a todo el personal que estuvo trabajando ese día.
El titular de la cartera de Seguridad calificó de “inaceptable e inconcebible” lo sucedido en la comisaría de Saujil, argumentando que “ante uno de los hechos más aberrantes que se haya vivido en la historia de Saujil, las autoridades a cargo de la dependencia no han dado tratamiento legal correspondiente, incumpliendo todos los procedimientos previstos para la custodia de los detenidos”.
Luego, agregó: “Estas medidas son necesarias, no solo por la gravedad del hecho que no puede quedar en la nada, sino también para resguardar el prestigio de la institución policial y de los miles de policías que hacen bien las cosas y que salen todos los días a dar lo mejor de sí para cuidar a los catamarqueños y catamarqueñas. Es criterio de este ministerio que este tipo de conductas no pueden ser toleradas más”, remarcó.
En relación al hecho trágico sucedido en la noche del jueves donde resultaron gravemente heridas madre e hija, Aguirre se solidarizó con las víctimas y su familia e indicó que “fue un duro golpe que nos afecta a todos como parte de una sociedad que ya no tolera más que sigan sucediendo estos hechos. La violencia de género es una verdadera violación a los derechos humanos y que todas las áreas y poderes del Estado deben intervenir a partir de la implementación de políticas públicas para erradicarla”.
En este contexto, añadió que “venimos realizando un arduo trabajo hacia adentro de las fuerzas de Seguridad para desterrar este flagelo que afecta a toda la sociedad. Por enumerar solo algunas de las acciones se dictaron por primera vez sentencias disciplinarias con perspectiva de género, que implica además de la sanción, la obligatoriedad de hacer terapia psicológica y capacitarse en perspectiva de género. Capacitamos en Ley Micaela a 2.300 efectivos, se perfeccionó el formulario judicial para la toma de denuncia a víctimas de violencia de género e intrafamiliar en el interior, se estableció como requisito obligatorio para poder ascender en la carrera policial la capacitación en perspectiva de género, se creó el programa ‘Detección de Señales Tempranas de las violencias’ como dispositivo de contención y asesoramiento para el personal que voluntariamente decide pedir ayuda, entre otras herramientas. No vamos a cesar en la profundización de estas políticas”, explicó Aguirre.
El Jefe de Policía, Ángel Agüero, fue claro y expresó que “estos policías deberán responder por su actitud corporativista, protegiendo y dando prerrogativas a su camarada que ha cometido tan grave e infame hecho como el de atentar contra la vida de dos mujeres utilizando la propia arma que le otorgó la institución con el fin de defender y proteger los derechos de los ciudadanos”.
Durante el encuentro junto al Jefe de Policía se dispuso que a partir del presente año será obligatorio la aprobación del examen psicológico para los ascensos al grado inmediato superior de todas las jerarquías, medidas que se dejaron de realizar en el año 2012. Con esto se buscará detectar patrones de violencias que puedan afectar la actividad del o los numerarios y su posterior tratamiento.