Este lunes, cerca de las siete de la mañana, el neurocirujano Leopoldo Luciano Luque, uno de los últimos profesionales que intervino en la salud de Diego Armando Maradona -a quien operó por un hematoma en la cabeza y que falleció este miércoles pasado cómo consecuencia de un ataque cardíaco- salió de su casa en dirección a la fiscalía general de San Isidro para brindar una declaración espontánea.
En esa dependencia judicial, donde se tramita la causa que investiga la muerte del astro, declararon también las hijas de Maradona en el trascurso del fin de semana.
Luque salió en silencio en un auto acompañado por su abogado, Julio Rivas, que brindó una serie de declaraciones ante la prensa y remarcó que a pesar de que aún no fueron notificados formalmente, ni tuvieron acceso al expediente, se presentan voluntariamente a declarar, amparados en el derecho contemplado en el artículo 162 del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires.
La decisión surge luego de que este domingo, cerca de las 8.45, efectivos de la DDI de San Isidro de la Policía Bonaerense, con la colaboración de la PFA, allanaran la casa particular y el consultorio privado de Luque, donde secuestraron teléfonos, computadoras, un sello médico, documentación y la historia clínica de Maradona que llevaba el neurocirujano.
La razón de las actuaciones -llevadas a cabo con urgencia ante el temor de que algún material de importancia para la Justicia fuera descartado- se realizaron tras un pedido de la fiscal de Benavídez Laura Capra, a cargo del caso, junto al fiscal general del distrito John Broyad y los adjuntos Patricio Ferrari y Cosme Iribarren, que, tras las declaraciones testimoniales que brindaron este sábado Dalma, Giannina y Jana, las tres hijas del astro, ahora investigan un homicidio culposo en torno a una impericia o una negligencia médica.
La situación procesal de Luque es confusa: el médico no fue imputado formalmente hasta el momento, no se pidió su detención y no fue convocado a prestar declaración indagatoria, aunque sí está siendo investigado y fue notificado de sus derechos y garantías durante el allanamiento. “La idea es presentarnos en la fiscalía, ponernos a disposición y, como Leo manifestó ayer, declarar”, señaló su abogado.
“Estoy muy mal porque se me murió mi amigo. Él necesitaba ayuda. No había forma de entrarle: él tenía autonomía, él decidía todo el tiempo. Yo no podía decirle: ‘Sobre este tema no podés decidir’. Diego era muy difícil. Me echó un montón de veces de su casa. Me echaba y después me llamaba. Esa era la relación que teníamos”, sostuvo y se defendió de las acusaciones de haberlo dado de alta de forma prematura.
“Yo no era supervisor de una supuesta internación domiciliaria. ¿Cómo le vas a clavar una internación domiciliaria a un tipo que no quiere ni a un acompañante terapéutico? No sé de quién es la responsabilidad. Yo no lo manejaba. Diego era un paciente en condiciones de alta. Soy responsable de extenderle la vida y mejorarle la vida hasta lo último”, aseguró.