El juez federal subrogante de Tucumán, Guillermo Díaz Martínez, decidió excusarse de intervenir en la causa que investiga un presunto caso de tráfico de influencias dentro de la Cámara Federal de Apelaciones.
Tras su apartamiento, el expediente quedará bajo la competencia del magistrado subrogante de Catamarca, Miguel Ángel Contreras, quien deberá definir —cuando lo requiera el fiscal federal Agustín Chit— si corresponde avanzar hacia el procesamiento de los sospechosos.
La decisión se produce en un momento clave del proceso, mientras la Justicia espera los resultados del peritaje realizado sobre el teléfono celular de Luis Ontiveros, una pieza considerada central para determinar si existió o no el intento de “venta de fallos”.
El origen de la denuncia
La causa se inició el 29 de abril de 2025, tras la presentación realizada por Mario Alberto Martínez Salazar Pérez, jefe interino de Investigación de ARCA Tucumán. Según su denuncia, Ontiveros —a quien vinculó directamente con el camarista Mario Leal— le habría pedido entre U$S 80.000 y U$S 100.000 para asegurar un voto favorable del juez en un expediente donde se investigaba a su hijo por estafa y asociación ilícita.
Martínez aseguró haber registrado dos reuniones en bares de San Miguel de Tucumán y Yerba Buena, donde actuó con micrófono oculto, tomó fotografías y recopiló mensajes para respaldar su acusación.
Vínculos con el camarista Leal
Desde el inicio de la investigación, la fiscalía puso el foco en la relación personal y operativa entre Ontiveros y el magistrado. En un dictamen de mayo, Chit señaló que existía un “vínculo personal no filial” entre ambos, y sostuvo que el sospechoso utilizaba una “billetera virtual asociada al juez” y se movilizaba en una camioneta Fiat Toro oficial asignada a Leal.
La querella —representada por el abogado Juan Andrés Robles— agregó que, si bien Ontiveros no trabaja en la Justicia, su esposa y dos hermanos sí lo hacen, todos en áreas vinculadas al camarista, lo que demostraría una “llegada directa” a su despacho.
La defensa niega los hechos
Los abogados Camilo Atim y Miguel Ángel Pierri, representantes de Ontiveros, rechazaron las acusaciones y afirmaron que Solana Casella —esposa del imputado— estuvo de licencia desde enero hasta junio de 2025, por lo que no habría podido intervenir en el expediente.
Además, cuestionaron la validez del material aportado por el denunciante y aseguraron que los audios grabados con micrófono oculto resultaron “inaudibles”, según un informe pericial de Gendarmería.
El celular como prueba decisiva
El 4 de junio, a pedido del fiscal, se ordenó el secuestro del celular de Ontiveros. El procedimiento estuvo rodeado de controversias ya que inicialmente se habría entregado un teléfono que no pertenecía al imputado.
El análisis forense —realizado con el software UFED de Cellebrite el 20 de agosto— aún no arrojó resultados finales, pero se espera que permita reconstruir mensajes, llamados y movimientos clave.
Movimientos vehiculares bajo análisis
Otro informe incorporado recientemente da cuenta de la vigilancia en el barrio privado Alto Verde I, donde reside Ontiveros, y detalla el movimiento de varios vehículos utilizados por él y su entorno, entre ellos dos Toyota Corolla Cross y una Volkswagen Amarok. Los investigadores creen que algunos de esos rodados habrían sido usados para las maniobras denunciadas.
Recusaciones y movimientos procesales
La defensa promovió una recusación contra el entonces juez Díaz Vélez, alegando parcialidad. Tanto la fiscalía como la querella pidieron rechazarla por considerarla un “intento de reiterar planteos ya rechazados”. Posteriormente, Díaz Vélez fue reemplazado por Díaz Martínez, quien ahora también se apartó.
Con su excusación, el expediente fue remitido a Contreras, quien deberá analizar los planteos pendientes y decidir si el caso avanza hacia el procesamiento de Ontiveros o de otros implicados.
Lo que viene
El fiscal Chit aguarda los resultados finales de la pericia del celular para definir si solicitará la indagatoria del principal acusado. La querella reclama celeridad y asegura que los elementos ya reunidos son suficientes para avanzar. La defensa insiste en que se trata de un “montaje” destinado a perjudicar la carrera judicial de Casella, quien integra la terna para el Juzgado Federal N.º 1 de Tucumán.
La causa —que comenzó con una denuncia informal en un bar y derivó en audios, chats, vehículos rastreados y disputas procesales— entra en una fase decisiva bajo la órbita de un juez que deberá retomar el expediente desde cero y definir su futuro.
Fuente: La Gaceta.
