Desde hace más de 30 años, en Catamarca, la minería y la política marchan a la par. Hasta se podría decir que en tandem. Desde los ´90 tempranos hasta la actualidad, la actividad económica minera y la gestión del Estado se influenciaron, condicionaron, limitaron e impulsaron mutuamente, con vaivenes y matices, pero siempre vinculadas. Por lo que, a lo largo de esta historia, hay muchos episodios que, por su similitud, parecen capítulos repetidos.
Sin embargo, en la actual coyuntura de negociaciones entre Provincia y Nación, la política y la minería reversionan, con sorprendentes similitudes, la trama con la que se desarrolló el acuerdo de 1993 que hizo viable el proyecto Bajo La Alumbrera.
Puede que estas recurrencias no superen el estatus de meras coincidencias. De todos modos, las enumeramos y ponemos a consideración. Quizás algún lector encuentre un patrón de análisis que permita una interpretación más profunda.
Para empezar a enumerar coincidencias, se puede apuntar que ambos escenarios, el de 1993 y el actual, se enmarcan en un proceso de reformas estructurales propuestos por gobiernos liberales; Carlos Menem, del PJ, con su plan neoliberal noventoso; y Javiel Milei, de LLA, con su estilo propio, pero recetas ya conocidas.
La segunda coincidencia es que, en ese afán reformador, surge para Nación la necesidad de lograr el apoyo de los mandatario provinciales, con instancias de negociaciones y búsquedas de consensos con la oposición. Como lo está haciendo en estas semanas Javier Milei, y tal cual lo hizo Menem en su primera presidencia.
Es allí, otra similitud, que la actividad minera surge como materia de acercamiento y seducción de Nación a los gobernadores. De hecho, la iniciativa de reformar todo el marco regulatorio de la actividad minera propuesta por el gobierno menemista tuvo una instancia de negociación y acuerdos con los gobernadores cordilleranos de aquel entonces. Estrategia calcada por Javier Milei para acercarse a los mandatarios de las mismas provincias, con propuestas reformistas de leyes que regulan la actividad minera, como la Ley de Glaciares.
Más coincidencias. En ambos contextos, los gobernadores de Catamarca son de espacios políticos opuestos al gobierno nacional. En 1993 el gobernador de Catamarca era Arnoldo Castillo, del FCyS, raíces radicales y opositor a Carlos Menem. Igual que hoy, Raúl Jalil del peronismo, está en un espació opuesto al gobierno de Milei. Al menos en los papeles.
De todos modos, en ninguno de los dos casos, las diferencias ideológicas obstaculizaron los acuerdos y el apoyo de Catamarca a las iniciativas de Nación. Así, en 1993, Carlos Menem logró luz verde para su Ley 24.196 de Inversiones Mineras y el Acuerdo Federal Minero, al que Catamarca adhirió ese mismo año mediante la Ley provincial 4.759. Salvando algunos matices, similar proceso se dió, por ejemplo, en con la aprobación del RIGI, incluido en la Ley Nº 27.742, a la que Catamarca acompañó y adhirió mediante la Ley Provincial 5.863.
En los dos procesos, las reformas e iniciativas legislativas se hicieron en nombre de la necesidad de generar condiciones para atraer inversiones de capitales extranjeros, en medio de una acuciante necesidad de divisas para sostener el modelo económico: en el 1 a 1 de Menem, tras la hiperinflación, y en el plan monetario de Milei, la minería es vista como una fuente de Inversión Extranjera Directa para el ingreso de dólares al mercado.
Por su parte, los mandatarios provinciales, tanto Castillo durante su mandato, como Jalil en la actualidad, pregonan el impacto económico, reducir el empleo público y la generación de puestos en el sector privado como las grandes promesas de la minería para el desarrollo de Catamarca.
Catamarca no fue una provincia más en este esquema del Acuerdo Federal Minero; fue el laboratorio y la punta de lanza del modelo minero argentino. Sin Catamarca y el yacimiento “Bajo de la Alumbrera”, la ley probablemente no hubiera tenido la urgencia que tuvo. Hoy, aunque su protagonismo no es tan marcado como en aquel entonces, la diversidad de minerales y los múltiples proyectos en actividad ponen a Catamarca en un lugar destacado. De hecho, el gobernador Jalil participa por igual de la Mesa del Litio y la Mesa del Cobre. Lo que le da una posición de trascendencia en su relación con Nación.
Otra coincidencia curiosa es la aparición de YMAD como parte de ambos procesos. En el caso de Alumbrera, jugó un rol fundamental para dar forma a la UTE y viabilizar la explotación del, hasta ahora, emprendimiento minero más importante de la Provincia. Hoy, por un motivo totalmente diferente, la minera interestadual también aparece en las crónicas de las negociaciones por el reclamo de Jalil a Milei, por el traspaso definitivo.
Finalmente, por la naturaleza de ambos procesos, también coinciden la importancia de los legisladores y las negociaciones para asegurar el apoyo parlamentario a las iniciativas de Nación. En los 90, la reforma minera de Menem tuvo apoyo unánime de los diputados y senadores nacionales por Catamarca. Algo que Milei aspira a emular en el tratamiento de sus proyectos de reforma, cuyo apoyo negocia con Milei.
Aunque, en una cosa no hay similitud. Los diputados nacionales por Catamarca que respondían al gobernador Castillo estaban agrupados en un bloque propio del FCyS-UCR. Mientras que los legisladores oficialistas del actual gobierno provincial integran un bloque general con el resto de diputados del peronismo nacional. Bueno, al menos por ahora.
