En un esfuerzo por ganar el apoyo de sectores de la “oposición dialoguista” y lograr la aprobación de la Ley Ómnibus en la próxima semana en la Cámara de Diputados, el Gobierno ha realizado importantes modificaciones al proyecto, destacándose la eliminación de YPF de la lista de empresas estatales sujetas a privatización.
En el marco de intensas negociaciones con la “oposición dialoguista”, que ha expresado su disposición a respaldar la iniciativa, el Gobierno ha entregado un nuevo texto del proyecto con más de un centenar de ajustes. La exclusión de YPF de la lista de más de 40 empresas públicas a privatizar representa uno de los cambios más significativos acordados.
Además de esta medida, se ha alcanzado consenso para reducir a cero los derechos de exportación aplicados a las economías regionales. Asimismo, se ha decidido archivar la reforma electoral referente a la uninominalidad de jurisdicción, punto que había generado controversias y críticas.
Los ajustes en la Ley Ómnibus abarcan diversos aspectos:
1. Fórmula de movilidad jubilatoria: Se mantienen dos opciones en pie. La primera contempla la introducción de una nueva fórmula indexada por el Índice de Precios al Consumidor (IPC), actualizando los haberes según la inflación del mes anterior. La segunda opción propone retirar el artículo sobre la suspensión de la fórmula de movilidad jubilatoria, postergando la discusión para una ley separada.
2. Retenciones: Se mantiene el 33% de retenciones a la soja, pero se reduce a cero los derechos de exportación para las economías regionales, que originalmente se habían elevado al 15%.
3. Privatizaciones: Aunque se mantiene el paquete de empresas públicas sujetas a privatización, YPF queda excluida de la lista. De esta manera, la empresa continuará siendo una sociedad anónima de propiedad mixta con participación mayoritaria estatal. Se acuerda que, en caso de cualquier privatización, el Gobierno deberá enviar el pliego con los términos y condiciones a una comisión bicameral del Congreso.
4. Reforma electoral: Se descarta la propuesta de uninominalidad de circunscripción, que había generado preocupaciones sobre la representación de los partidos más pequeños en la Cámara de Diputados. Se opta por mantener el sistema electoral actual.