El Poder Ejecutivo promulgó la Ley 27.793 de Emergencia Nacional en Discapacidad, pero aclaró que su implementación queda suspendida hasta que el Congreso determine cómo se financiarán las erogaciones que implica. La decisión se formalizó este lunes a través del Decreto 681/2025, publicado en el Boletín Oficial.
La norma declara la emergencia en la materia hasta el 31 de diciembre de 2026, prorrogable por un año más, y crea un esquema de nuevas prestaciones y beneficios para personas con discapacidad. Entre ellos, la Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social, equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio, con actualización automática y compatibilidad con empleo hasta dos salarios mínimos. También garantiza cobertura de salud mediante el programa Incluir Salud, actualiza aranceles de prestadores de servicios y amplía beneficios impositivos a empleadores que contraten trabajadores con discapacidad.
Sin embargo, el Ejecutivo subrayó que la ley no podrá aplicarse “hasta tanto el Poder Legislativo disponga los créditos presupuestarios y las fuentes de financiamiento necesarias”, en línea con lo que establecen la Ley 24.629 y la Ley 24.156.
La promulgación ocurre tras un áspero recorrido legislativo: en agosto, el presidente había vetado la norma por considerar que era “inviable” desde el punto de vista fiscal. Pero el Congreso insistió en su sanción con mayorías de dos tercios en Diputados y en el Senado, lo que obligó al Ejecutivo a oficializarla.
Ahora, con la aplicación frenada, el enfrentamiento entre el Gobierno y el Parlamento se reaviva. Desde la oposición anticiparon que podrían llevar el tema a la Justicia al considerar que el decreto “vacía de contenido” la decisión del Legislativo.
De acuerdo con los cálculos del propio Ejecutivo, la aplicación plena de la emergencia demandaría en 2025 alrededor de $3 billones (0,35% del PBI), cifra que treparía a más de $4,7 billones en 2026. El Gobierno advirtió que los créditos disponibles hoy no alcanzan para cubrir ese gasto sin afectar otras partidas sensibles.
Hasta que el Congreso defina el financiamiento, no se podrán otorgar nuevas pensiones, convertir las vigentes, aplicar la compensación a prestadores ni reforzar la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Tampoco habrá movilidad mensual de aranceles ni nuevas incorporaciones al programa Incluir Salud.
