El Gobierno nacional oficializó el fin del rol central del Estado en la aplicación de la Educación Sexual Integral (ESI), una política pública establecida en 2006 por la Ley 26.150. Desde agosto, la gestión de Javier Milei determinó que la responsabilidad total del programa recaiga sobre las provincias, sin financiamiento específico ni coordinación desde el Ministerio de Capital Humano.
La medida implica la eliminación del presupuesto nacional destinado a la ESI y la interrupción de la entrega de materiales pedagógicos a las escuelas del país. A su vez, se confirmó el recorte de los contenidos del portal Educ.ar, donde se alojaban los recursos oficiales del programa. Según se informó, los materiales que no se ajustaban a los nuevos criterios del Ejecutivo serán reemplazados “de forma gradual”.
El ajuste también alcanzó la Ley 27.234, que establecía las jornadas anuales “Educar en Igualdad” como parte de las acciones de prevención de la violencia de género en el ámbito escolar. El Gobierno eliminó el artículo que regulaba dicha iniciativa, dejando sin marco nacional su realización.
Diversos organismos y especialistas del sector educativo expresaron preocupación por las consecuencias de esta decisión. Advierten que la falta de una estructura centralizada podría generar fuertes desigualdades entre jurisdicciones, dificultar la capacitación docente y debilitar la prevención del abuso sexual infantil, uno de los ejes fundamentales del programa.
