La decisión del Gobierno de impedirles a los bancos financiar el pago de salarios de empleados públicos disparó la reacción de gremios estatales que hicieron saber de una inminente demora en el cobro de más de 700 mil agentes de la administración central y encendió la alarma sobre un universo que se extiende a 3,5 millones de trabajadores de provincias y municipios de todo el país. La medida, que anticipó la semana pasada el vocero Manuel Adorni como parte de las nuevas restricciones a implementar por el freno en la aprobación de la ley ómnibus, se suma a la quita de horas extras ordenada por la Jefatura de Gabinete y que afecta a los sueldos más bajos del Estado, y a los recortes iniciados en el sector público con la cancelación de contratos.
La comunicación A7674 del Banco Central, que pone límites a los adelantos de entidades financieras a organismos públicos, universidades nacionales y otros entes no privados, complicará el pago de haberes en término (último día hábil de cada mes o primero del siguiente) a empleados públicos, docentes, profesionales y trabajadores de la salud y de otras reparticiones. Así lo advirtieron legisladores de la oposición y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). La norma dificulta la chance de los organismos estatales nacionales, pero también de provincias y municipios, de fondearse a través de los bancos a través de los cuales liquidan los haberes de su personal a la espera de los giros del Tesoro nacional para cubrir esas obligaciones.
Una resolución de la Secretaría de Hacienda de noviembre de 2015 establece una modalidad de pago diferenciada para el personal estatal respecto de los trabajadores del sector privado, regidos en esta materia por la ley de Contrato de Trabajo. De acuerdo a ese cronograma público, el personal de la administración central percibe sus sueldos “el último día hábil de cada mes correspondiente al del devengamiento de los haberes”. En tanto que en los organismos descentralizados se paga “a partir del primer día hábil de cada mes siguiente al del devengamiento de los haberes”, y en las universidades se hace “a partir del segundo día hábil de cada mes siguiente”.
Aguiar sospecha que, además de un intento de hostigar a los empleados públicos, la norma del Central encubre una eventual ventaja para las entidades financieras grandes en detrimento de las más pequeñas, y así se lo hizo saber al jefe de Economía, Luis Caputo: “Desde un primer momento supimos que querían jodernos a los estatales, pero en ésta, que quiere que le diga… Hay olor a lobby de los grandes bancos, ministro. Usted ha decidido que solo podrán prestar a organismos públicos, provincias y municipios las entidades bancarias que tengan los patrimonios más grandes. Justo los grupos financieros que han sido más leoninos en las condiciones impuestas a obreros y jubilados. Está más que claro quiénes son los perjudicados con sus decisiones, pero también quiénes son los beneficiados”, denunció en la red social X.
La semana pasada Adorni había adelantado la decisión de no prorrogar la autorización a los bancos para financiar al sector público en el pago de sueldos. Y lo enmarcó en las restricciones desde el Estado nacional a los distritos resueltas por la demora en la ley ómnibus, una suerte de confesión del apriete a gobernadores. “Más allá de que no vemos razones para que el proyecto de ley bases no se termine transformando en ley, en caso de que eso no ocurra, es seguir con el ajuste de las cuentas públicas, no va a haber otro camino. El ajuste de las cuentas públicas va a incluir el análisis de todas y cada una de las partidas que el Gobierno nacional transfiere a las provincias, en todos los conceptos que se pueda ocurrir”, dijo en esa oportunidad al comentar la decisión del Central.