El Fiscal General ante el Tribunal Oral Federal (TOF) de Catamarca, Rafael Vehils Ruiz, presentó un recurso ante la decisión del juez federal que dispuso el cierre de la investigación contra Edgar Bacchiani y otros procesados. La solicitud fue formalizada el 7 de febrero, cuando el magistrado notificó que la causa quedaba a disposición para ser elevada a juicio, con base en el artículo 346 del Código Procesal Penal de la Nación (CPPN). No obstante, el fiscal considera que esta resolución es “prematura y contradice el estado actual de la causa”.
En su presentación, el fiscal Vehils Ruiz expone que aún existen medidas de prueba relevantes que no se han realizado, a pesar de haber sido solicitadas por el Ministerio Público y ordenadas por el propio juez. Entre las pruebas pendientes se destaca la apertura de la plataforma Coin Tracker, solicitada al imputado Iván Gonzalo Segovia. Esta medida es crucial para analizar los movimientos realizados en las billeteras virtuales de los acusados, lo que podría arrojar nuevos elementos para la investigación. Además, el fiscal recordó que, el 24 de enero, el juez había requerido un informe de UNIPROJUD sobre la información vertida por Binance, también pendiente.
El Ministerio Público resalta que se trata de una causa de gran complejidad, relacionada con operaciones de criptomonedas y el uso de mecanismos electrónicos, lo que demanda un análisis profundo y especializado. Con varios imputados y afectados, así como la intervención de organismos nacionales, la investigación requiere tiempo y un enfoque detallado. Vehils Ruiz subraya que el cierre anticipado de la causa pone en riesgo la recopilación de pruebas necesarias, y que la decisión del juez resulta prematura e incluso contradictoria, ya que, aunque reconoce la necesidad de producir algunas pruebas, da por concluida la investigación sin esperar su resultado.
En consecuencia, el fiscal solicitó al juez que revoque su pronunciamiento y permita la continuidad de la investigación hasta que todas las pruebas solicitadas sean producidas. Solo una vez que se cuente con toda la evidencia disponible y no surjan nuevos indicios, deberá evaluarse la posible elevación a juicio.