En consonancia con lo prometido por el presidente durante la Asamblea Legislativa en marzo pasado, a través de un decreto el gobierno nacional instruyó hoy al Procurador del Tesoro Nacional, Carlos Zannini, para que se constituya como querellante, en representación del Estado, en la causa que investiga la deuda que contrajo el gobierno de Mauricio Macri con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
La causa tramita en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 5 de la Capital Federal e investiga si existió “administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública” de parte del ex presidente y otros funcionarios en el endeudamiento del país con el FMI.
La instrucción se estableció por medio del Decreto 239/2021 publicado este viernes en el Boletín Oficial, que lleva las firmas del presidente Alberto Fernández, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, el ministro de Justicia, Martín Soria y de su par de Economía, Martín Guzmán.
En el artículo 1° del decreto se “instruye al Procurador del Tesoro para que se constituya en parte querellante, en representación del Estado, en la causa N° 3561/2019 “Macri Mauricio y otros s/ defraudación por administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública”.
A su vez, agrega la necesidad de que el Procurador “coadyuve en la promoción de la acción penal con el fin de determinar a las presuntas y los presuntos responsables de los delitos de acción pública que en ese proceso se investigan y que podrían haber damnificado al Estado”.
En tanto, en el artículo 2° del decreto publicado este viernes, también se instruye al Procurador “a iniciar las acciones conducentes al recupero de los eventuales daños y perjuicios emergentes de los hechos denunciados, facultándola a tal efecto a promover, en su caso, la respectiva acción civil en el proceso penal”.
El decreto considera en su fundamentación los informes elaborados por la Sindicatura General de la Nación (Sigen) y Banco Central de la República Argentina (BCRA). El primero de ellos concluyó, entre otras cuestiones, que en el acuerdo Stand-By entre la Argentina y el FMI de 2018 “se asumieron compromisos con el organismo internacional sin solicitarse previamente la emisión del informe obligatorio establecido en el artículo 61 de la Ley N° 24.156 y sus modificatorias para determinar el impacto de la operación en la balanza de pagos y la sustentabilidad del endeudamiento”.
En tanto, el informe elaborado por el BCRA, titulado “Mercado de Cambios, Deuda y Formación de Activos Externos 2015-2019”, refiere a “la salida de capitales del sector privado y a los deficientes controles cambiarios aplicados”. Según se desprende de dicho informe, el decreto indica que “un monto similar a la totalidad de los desembolsos efectuados por el FMI fue adquirido en el mismo período para la formación de activos externos de libre disponibilidad (FAE), sin que se hubieran tomado medidas tendientes a limitar o impedir esta situación hasta septiembre de 2019”.
En el marco de la Asamblea Legislativa de marzo pasado, el Presidente anunció el inicio de la investigación y adelantó que constaría de tres etapas: la auditoría de la Sigen, la confección y presentación de la denuncia por la OA y, finalmente, la constitución como querellante de la Procuración del Tesoro Nacional que encabeza Zannini.
Durante su discurso ante la Asamblea Legislativa el 1 de marzo pasado, el Presidente reveló que había “instruido a las autoridades pertinentes para que formalmente inicien querella criminal tendiente a determinar quiénes han sido los autores y partícipes de la mayor administración fraudulenta y de la mayor malversación de caudales que nuestra memoria registra”.