“El día de la marmota” es una película, dirigida por Harold Ramis y protagonizada por Bill Murray, en la que su personaje principal queda atrapado en un ciclo de tiempo, repitiendo el mismo día una y otra vez. Y muchas veces su titulo es usado para señalar situaciones circulares, que no evolucionan ni cambian y se vuelven a repetir en bucle. Como la historia de Catamarca y la minería.
Los hechos que se vienen produciendo en Andalgalá desde hace unos 10 días inevitablemente evocan episodios similares que se produjeron (de manera reiterativa) en los últimos 20 años. Y que son el emergente más virulento de asuntos, políticos y sociales, pendientes.
Ya pasaron casi 25 años del inicio de la actividad de Minera Alumbrera, el primer gran proyecto de megaminería en Catamarca. Y sin embargo, el poder político, que alternó el gobierno de la provincia, no logró gestionar y resolver los principales puntos de resistencia: la cuestión ambiental y económica.
En febrero se cumplieron 11 años de la violenta represión en Andalgalá a asambleístas que sostenían un bloqueo de las rutas y caminos para impedir la actividad minera en la zona. Un año después, cuando las organizaciones ambientalistas se preparaban para conmemorar el segundo aniversario de esa avanzada violenta del Estado, otro brutal episodio de represión contra vecinos se desató, esta vez en el departamento Tinogasta. La protesta de Andalgalá era contra el proyecto Agua Rica. La de Tinogasta contra Alumbrera. Una década después, los conflictos son los mismos.
En el 2010, el FCyS estaba transitando lo que serían sus últimos meses en el poder de la provincia. Desde medidados de los ´90, había gestionado todo el proceso de negociaciones y firma de contratos para la explotación de Bajo de la Alumbrera. En 2012, el Gobierno ya estaba en manos del peronismo, que iniciaba su gestión en la Provincia, la que se extiende hasta ahora. Administró el ocaso de Alumbrera, promovió la minería de litio, y ahora intenta reactivar Agua Rica. Ninguno de los dos espacios, que acumulan más de dos décadas de Gobierno, lograron resolver la resistencia social y lograr la licencia para que la minería, además de beneficiosa en términos económicos, sea pacífica.
Este análisis se puede ampliar a un período de tiempo mucho más largo. Con lo que la incapacidad resolutiva de los sucesivos gobierno se hace más patente. La Constitución de Catamarca establece desde el año 1988 que “el gobierno propenderá obligatoriamente a la extracción de los minerales”. Hace ya 33 años que Catamarca se constituye como una provincia minera, por un mandato constitucional, y las discusiones en torno a la actividad siguen siendo las mismas.
Podría ser un buen indicador de gestión el medir cuántas veces un Gobierno tropieza con las mismas problemáticas. Que si se aplicara a las gestiones provinciales, dejaría una alarmante calificación de ineptitud e ineficacia. Girando en bucle, chocando de forma cíclica contra la misma resistencia y sin ideas para resolverlo.
Los últimos dos gobierno pusieron la mira de la estrategia minera en la Puna y su litio. Y el escenario no fue diferente. Aun en un departamento con una población sensiblemente menor los conflictos, con pasajes tensos y violentos, se repitieron como una regla.
Igualmente, no todo es ineptitud. En esto también se mezcla especulación y oportunismo. político y social. Como los que hacen campaña con la bandera ambientalista y solo buscan captar votos, los que sancionan ordenanzas demagógicas y anticonstitucionales, o los que suman a un corte solo para conseguir algo del Estado.
Triste como suena, el enfrentamiento entre vecinos y la grieta que divide en dos a la sociedad, particularmente en las aledañas a los proyectos, es parte de este bucle. A las expresiones ambientalistas anti mineras, que ponen límites al avance de los proyectos, se le enfrentan los grupos a favor de la actividad. Sumiendo a las comunidades en una hiriente lucha que hace años debería haber resuelto el Estado.
Ambas posturas se pretenden representativas de las mayorías. Y enarbolan sus banderas en nombre “del pueblo”. Pero la falta de legitimidad certificada de esas mayorías fomentan las posturas totalizadoras, que desacreditan toda disidencia y se erigen como verdades indiscutibles.
Hace años el Gobierno intenta reactivar el proyecto Agua Rica, al que le atribuyen un horizonte de producción de 25 años y volúmenes mayores a los de Alumbrera. Pero nunca diseñó las herramientas ni gestionó los mecanismos para resolver la recurrente resistencia social a la actividad.
Una acción de consulta directa a la sociedad, en el marco de la eternamente prometida y postergada reforma constitucional, podría ser una excelente herramienta para conocer cual es verdaderamente la postura de las comunidades en relación a la minería, y decidir si Catamarca es efectivamente una provincia minera.
Hasta tanto, y mientras se siga intentando avanzar sin consenso, la historia de la provincia y la minería seguirá en el mismo bucle. Interminable como el cuento de la buena pipa. Repetitivo como el Día de la Marmota.