Los efectos de la pandemia y la cuarentena adoptada para enfrentarla son múltiples para nuestra economía. Una caída drástica en el nivel de actividad generó severos problemas a un país que atraviesa una crisis desde el año 2018. Las proyecciones que dispone el Banco Central (BCRA) mediante su relevamiento de expectativas de mercado (REM) indican que el PBI real para este año se contraerá un 9.5%. El parate en la actividad genera que amplios sectores pierdan completa o parcialmente sus ingresos.
Para enfrentar el avance de la pandemia, la administración de Fernández debió aumentar los gastos sanitarios. Y, para contrarrestar la crisis económica, el Gobierno ha ensayado algunos programas de ayuda estatal. El ATP que destina recursos estatales para pagar la mitad de los salarios privados, el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y créditos a tasa subsidiada para pequeñas y medianas empresas, son las principales herramientas para contener la crisis.
Lógicamente, el dinero para financiar estos programas debe salir de algún lado. En este caso, el Gobierno recurrió a la emisión monetaria del Banco Central (BCRA). La impresión de billetes como fuente de financiamiento se dió por descarte. Las otras dos fuentes tradicionales se encontraban y encuentran agotadas: el Estado gasta más de lo que recauda con impuestos (déficit fiscal) y estamos en default, por lo que endeudarnos está fuera de la mesa.
Emisión
En este sentido, la maquinita de imprimir billetes del Banco Central está funcionando a niveles récord. En lo que va del año, la entidad dirigida por Miguel Pesce ya le giró al Tesoro $1,052 billón: $312.000 millones en concepto de Adelantos Transitorios (AT) y $740.000 millones por Transferencia de Utilidades. Según un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), “los $1.052.000 millones de asistencia directa del BCRA implican una emisión del 3,5% del PBI estimado para 2020, convirtiéndose en la mayor cifra de los últimos 30 años”. Vale aclarar que aún estamos en junio, por lo que esta cifra está lejos de ser definitiva para el año 2020.
Veamos otra forma de medir las dimensiones del problema: sólo durante el mes de mayo, la autoridad monetaria envió al Tesoro Nacional unos $430.000 millones bajo el rótulo de transferencia de utilidades. Esta cantidad es casi equivalente a la recaudación informada por la AFIP para el mismo período ($449.535 millones). Básicamente, el Estado se financió en mayo en partes iguales con sus ingresos corrientes (impuestos) y con la emisión monetaria.
Como mencionamos más arriba, el déficit fiscal sostenido previamente a la explosión del virus no deja margen para que el Gobierno utilice sus ingresos para intervenir activamente. Esta situación se agravó con la llegada del Covid-19. Según el IARAF, “a partir de marzo 2020, el aislamiento generó una rápida caída de la actividad económica que tuvo dos efectos clave sobre las finanzas públicas. En primer lugar, la necesidad de aumentar el gasto social y el gasto en salud para sostener a una gran porción de la población sin ingresos propios, y, en segundo lugar, una gran merma en la recaudación atada al nivel de actividad y dependiente del cobro de impuestos al consumo”.