El próximo 31 de marzo vencen las restricciones impuestas por la resolución firmada por la vicepresidenta Victoria Villarruel en enero, que había congelado la actualización automática de las dietas de los legisladores en relación con el valor del módulo de referencia utilizado por el Congreso. Según fuentes cercanas, Villarruel dejará en manos de los bloques la decisión sobre el tema, y varios de ellos ya han indicado que no se moverán al respecto. De ser así, a partir de mayo, cada senador podría cobrar, como mínimo, una dieta base de $9 millones en bruto.
La controversia sobre las dietas de los legisladores comenzó cuando, al inicio de la gestión libertaria, el Congreso adoptó una subida similar a la que se otorgó a la administración central. Sin embargo, tras las protestas de la Casa Rosada, la medida fue frenada tanto por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, como por Villarruel. No obstante, los senadores aprobaron rápidamente un nuevo sistema de dietas que incluye 2.500 módulos, más un adicional de 1.000 por gastos de representación y 500 por desarraigo, beneficiando a todos salvo a cuatro legisladores.
Desde mayo pasado, los senadores han percibido más de $7 millones en bruto, con la excepción de Alicia Kirchner, quien optó por mantener su jubilación en lugar de adherir al sistema. A pesar de las críticas a los aumentos de sueldos en el Congreso, la situación se complicó aún más con la presión de los empleados legislativos, quienes esperaban un ajuste similar al de los trabajadores del Ejecutivo. En noviembre, el Congreso alcanzó una paritaria con una suba de 6,13%, pero los senadores mantuvieron sus dietas congeladas hasta fin de año.
El conflicto también ha generado tensiones dentro del Senado, con algunos legisladores expresando su descontento por los descuentos de Ganancias y los altos costos de vida en la Ciudad de Buenos Aires, como los alquileres. Aunque pocos se atreven a hablar en público sobre el bajo salario de los senadores, la cuestión del financiamiento político sigue siendo un tema pendiente que podría afectar la estabilidad interna de la Cámara alta.