La confirmación de la largamente anunciada “renuncia” de Francisco Gordillo al Ministerio de Educación, activó la clásica puja por la sucesión. En pocas horas, la “pechadera” (término bien autóctono para nombrar un clásico del folclore político) evidenció aspiraciones, pasiones y lobbys impulsados en algunos casos por apetencias personales, en otros por posturas ideológicas. Cada una con su cuota de legitimidad y su listado de argumentos que podrán ser evaluadas y valoradas en su justa medida. Pero, más allá de las posiciones o preferencias sectoriales, es imprescindible que la designación de quien asuma en la cartera educativa tenga en cuenta la crítica situación de la educación provincial, las amargas enseñanzas que dejó la educación en virtualidad y el inevitable futuro de la tecnologización de la formación.
No pasaron más que un par de horas desde la confirmación del “alejamiento” de Gordillo, hasta que empezaron a brotar nombres de posibles sucesores, repudios a esos nombres, otras propuestas, pronunciamientos, posicionamientos ideológicos e intentos por direccionar la elección en un sentido determinado. Todo, con una velocidad vertiginosa y un intenso debate.
La disputa que rápidamente ganó protagonismo y se colocó en la centralidad del debate fue la surgida de la tensión entre los movimientos feministas a favor de la ESI y el aborto legal y los sectores pro-vida. Fue ante la simple mención (en el nivel del rumor) de Ruben Martí, actual director de Educación Privada y Municipal, y Mario Perna, ex ministro del área, como posibles sucesores de Gordillo, que los colectivos feministas reaccionaron con un repudio formal.
Por ejemplo, el colectivo feminista Ni Una Menos accionó con la velocidad de un disyuntor, publicando un comunicado para repudiar de forma anticipatoria la posible designación de Ruben Martí. El comunicado, que también rechaza al ex ministro de Educación Mario Perna, resalta que ambos tuvieron posturas opuestas a la Educación Sexual Integral (ESI) en las escuelas. En el caso de Martí, ex representante legal de colegios católicos, fue un férreo opositor a la ESI y el aborto legal desde el colectivo Somos Más. Por su parte, a Perna lo acusan de haber prohibido la distribución de cartilla de Educación Sexual enviadas por Nación a las escuelas durante su gestión en el gobierno de Brizuela del Moral.
Además, particularmente sobre Martí, estas organizaciones señalaron los peligros implícitos de entregar la gestión educativa de la provincia a una personas de abierta vinculación con el Obispado y gestor de los intereses de la Iglesia Católica, con formas y actitudes poco dadas a la conciliación.
Del otro lado de la brecha, en esta tensión de “Verdes” y “Celestes”, los sectores pro vida reivindicaron su postura ideológica y señalaron su repudio a la designación de actores radicalizados de la posición contraria y a la implementación de lo que consideran una educación ideologizada.
La cuestión de género también se filtró en el debate de la sucesión de la mano del planteo del Movimiento de Mujeres por la Igualdad Catamarca, que reclamó que el Ministerio de Educación sea para una mujer. Además del tópico de la igualdad y la reivindicación de las capacidades de la mujer para la gestión pública, este movimiento, de corte peronista, también rescató la cuestión del ESI.
Ahora bien, aunque todas las posturas con sus consecuentes propuestas sean legítimas y sus argumentos puedan tomarse como pautas orientadoras en el proceso de elección del próximo ministro (o ministra), hay cuestiones de mayor trascendencia y enorme urgencia en la educación de la provincia, que deberían ser el norte de esta designación.
Los bajísimos índices de calidad educativa que desde hace años registra Catamarca en las pruebas nacionales son un claro síntoma del preocupante estado de la educación y una problemática que requiere atención urgente. Los indicadores señalan que miles de estudiantes no logran desarrollar las capacidades y conocimientos más elementales en asignaturas básicas como Lengua y Matemáticas.
Si el escenario pre pandemia ya era angustiante, el aislamiento y la interrupción del proceso de educación presencial le dieron a Catamarca un durísimo baño de realidad. La grave desconexión digital que sufre la provincia en general y las asimetrías en el acceso a la virtualidad repercutió directamente en la “continuidad pedagógica”, dejando a miles de alumnos fuera de los procesos de formación durante los siete meses que van de pandemia. Y, más angustiante aún, sin ningún tipo de certezas sobre el futuro.
En un panorama con deficiencias tan acuciantes, la designación del nuevo ministro puede ser un momento bisagra en el que iniciar un proceso de reconstrucción de la educación. Pero para eso, el Gobierno deberá ser muy certero en la elección. Tendrá que resistir al cabildeo y las presiones externas que puedan correr el eje del proceso, que es el de revertir el sombrío presente y futuro en la educación. Cuestiones políticas o ideológicas (aunque legítimas y válidas) no deberían empañar el lente de la lupa con la que se tiene que buscar cuidadosamente a la personas con el perfil idóneo y que esté a la altura de la gravedad de la situación.
Sinceramiento en el diagnóstico, habilidades para la planificación, capacidad de gestión, una visión moderna de los procesos de educación, promotor de las nuevas tecnologías, impulsor de políticas que reviertan la brecha digital, moderado en sus posturas y conciliador de los polos ideológicos, bien podrían ser algunos de los requisitos excluyentes para el nuevo ministro de Educación. De lo contrario, la firma del decreto de designación será la firma de la continuidad de la postergación de la educación.