Argentina le ratificó al Fondo Monetario Internacional (FMI) que los avances que habrá este año sobre el sistema previsional sólo se concentrarán en mantener la palabra empeñada en el acuerdo aprobado por el organismo el 25 de marzo pasado. Esto es, impulsar las reformas en los regímenes especiales; lo antes posible, pero sin límite de tiempo. Por lo demás, sólo hubo un pedido (avalado desde Washington) para que se acepte una actualización periódica de las jubilaciones más bajas para que éstas no pierdan contra la inflación. Esto último, siempre y cuando el panorama fiscal y el compromiso de un déficit anual no mayor al 2,5% se respete y se mantenga firme durante todo el ejercicio.
El compromiso oficial fue ratificado en las últimas horas ante los técnicos del FMI que evalúan el caso argentino, desde la Asamblea Conjunta del FMI y el Banco Mundial concretada en la sede del primer organismo en la capital norteamericana ; y que desde el lunes mantienen muy discretas reuniones virtuales dentro del marco de las fiscalizaciones correspondientes al Facilidades Extendidas.
Las jubilaciones y pensiones en la mira son las de cajas particulares financiadas por el sector público y que alcanzan al Poder Judicial y diplomáticos. Implican haberes que más que duplican al haber máximo del sistema general y, desde siempre, están en la mira del organismo financiero. En total habría unas 225 mil personas que reciben una jubilación o pensión de estos 7 regímenes de privilegio. De estos regímenes, el Gobierno propone reformar a dos que son los de los miembros retirados de la justicia y a los del servicio exterior de la Nación. Este es el grupo más minoritario ya que alcanzan a apenas 8 mil retirados los cuales representan el 3% de los beneficiados con un régimen de privilegio, aunque son los que cuentan con los mayores haberes que rondan un 90% superior al promedio del régimen general.
Sobre el resto del esquema jubilatorio, el propio Martín Guzmán había mencionado en las vísperas de la firma en Washington del Facilidades Extendidas, que “no habrá ninguna reforma jubilatoria”. En su cuenta de Twitter había afirmado que “nuestro Gobierno siempre va a cuidar y trabajar para mejorar el salario de nuestros jubilados y jubiladas” y que “se mantendrá la fórmula de movilidad sancionada en 2020, sosteniendo los derechos que fortalecimos con esa ley”. Esta línea es la que desde el ejecutivo se piensa sostener y la que, al menos durante este año, se defenderá. Incluso ante embestidas internas.
Las fiscalizaciones continuarán durante los próximos días, bajo la supervisión de Julie Kozac y Luis Cubeddu, sin estridencias y sin que el contenido virtual escape por fuera de las paredes del Palacio de Hacienda. La intención es que desde Buenos Aires sólo se observan como interlocutores a Guzmán, quién entre otras razones no viajó con el Presidente a Europa para comandar la misión; al delegado nacional ante el FMI Sergio Chodos, algún que otro funcionario extra de Economía y el presidente del Banco Central Miguel Pesce.
Se supone, tal como adelantó este medio, que el centro de la fiscalización será el primer trimestre del año, y que de no mediar contratiempos (fundamentalmente locales), el aval llegará sin problemas con el cumplimiento de las metas establecidas para el período. Luego, cuando se fiscalice el período abril-junio, la historia, seguramente, será diferente y más compleja.