El vicegobernador de Catamarca, Rubén Dusso, se refirió al trabajo que se viene realizando en el Senado provincial en torno a la reforma de la Constitución, al tiempo que expresó su preocupación por el impacto que podría generar en la provincia la reforma laboral que impulsa el Gobierno nacional.
En el plano local, Dusso explicó que existe un proyecto elaborado hace más de diez años que necesita ser actualizado. “Hay un trabajo hecho de hace 10 años, hay que ayornarlo y ajustarlo. Hay temas nuevos como la inteligencia artificial y no está regulado”, indicó, y agregó que también resulta necesario avanzar sobre “todo lo que tiene que ver con el ciberdelito”.
En ese sentido, remarcó que la actual Constitución provincial data de 1988, por lo que consideró oportuno encarar su revisión. “Hay constituciones que ya se han reformado y sirven como guía a tener en cuenta. Esta constitución es de 1988, entonces cabe que nos ocupemos de eso”, afirmó.
Dusso también descartó que se trate de una iniciativa con fines electorales y subrayó que este es un momento propicio para avanzar en el debate. “Este no es año político, ya que en otros años la excusa era que como eran años políticos no convenía tratarlo porque capitalizaba esto o aquello. Ahora el que tiene que capitalizar es el pueblo catamarqueño”, sostuvo.
Por otra parte, el vicegobernador se refirió a las gestiones que el gobernador Raúl Jalil lleva adelante en Buenos Aires en relación con la reforma laboral impulsada a nivel nacional. Al respecto, explicó que el mandatario provincial está trabajando para que la aplicación de la ley “afecte lo menos posible a la provincia”.
Dusso señaló que desde el Gobierno nacional sostienen que la reducción impositiva generará más empleo y actividad económica, aunque advirtió que el impacto inmediato sería negativo. “Ellos tienen su posición, dicen que con la reducción que va a provocar en las ganancias se va a generar más trabajo y más economía. La realidad es que en el corto plazo afecta”, expresó.
En ese marco, alertó que Catamarca podría perder alrededor de 50 mil millones de pesos y destacó que algunas provincias aceptan los cambios, pero reclaman compensaciones. “Hay provincias que lo aceptan pero piden que se haga cargo la Nación”, concluyó.
