La oposición reunió 121 legisladores y quedó a ocho del número necesario para abrir el debate. La sesión también incluía proyectos sobre discapacidad y alivio de deudas familiares. El oficialismo celebró el resultado.
La oposición no logró reunir este jueves el quórum necesario para abrir una sesión especial en la Cámara de Diputados y debatir la derogación del DNU 70/23, impulsado por el presidente Javier Milei. Al cumplirse la media hora reglamentaria, había 121 legisladores presentes, ocho menos de los necesarios para iniciar el debate.
La convocatoria también contemplaba el tratamiento de iniciativas vinculadas con la emergencia en discapacidad y el alivio y la regularización de las deudas familiares. Sin embargo, las diferencias entre los distintos bloques opositores impidieron que la sesión comenzara.
Desde la Casa Rosada celebraron el resultado y destacaron la ausencia de legisladores que podían resultar decisivos para alcanzar el número requerido. Entre ellos se encontraban ocho integrantes de Provincias Unidas, incluida la titular de la bancada, Gisela Scaglia, además de los diputados jujeños Jorge Rizzotti y María Inés Zigarán, vinculados políticamente con el gobernador Carlos Sadir.
También faltaron los tres representantes tucumanos del bloque Independencia y el misionero Alberto “Colo” Vancsik, de Argentina Federal. Por su parte, José Luis Garrido, de Por Santa Cruz, y Jorge “Loma” Ávila, de Provincias Unidas, ingresaron al recinto después de que el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, diera por caída la sesión.
Los 121 diputados presentes pertenecían a distintos espacios opositores, entre ellos Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, sectores de Provincias Unidas, Argentina Federal, Elijo Catamarca y la Coalición Cívica.
La sesión fallida se produjo en medio de una disputa política y legislativa por el alcance del DNU 70/23, que introdujo profundas reformas económicas y regulatorias desde el inicio de la gestión de Milei. Uno de los factores que incidió en el escenario parlamentario fue el fallo de la Corte Suprema que restableció la vigencia de la norma que limita la extranjerización de tierras rurales.
En paralelo, el oficialismo incorporó la restitución de la Ley de Tierras al dictamen del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. La estrategia apunta a recuperar esa regulación mediante una iniciativa legislativa y reducir el riesgo de una derogación integral del decreto presidencial.
Una eventual caída total del DNU habría puesto en discusión un amplio conjunto de reformas impulsadas por el Ejecutivo, entre ellas la derogación de las leyes de Alquileres, Góndolas y Abastecimiento, además de modificaciones en el mercado aerocomercial, las telecomunicaciones y el sistema de medicina prepaga.
El resultado representó un alivio para el Gobierno nacional, que logró evitar el debate parlamentario sobre la continuidad de la norma. Sin embargo, la disputa legislativa sigue abierta, mientras la oposición busca reorganizar sus apoyos para avanzar con otras iniciativas.
En ese contexto, el 21 de octubre está prevista una nueva sesión cuyo temario incluye proyectos sobre discapacidad y endeudamiento familiar. Ambos asuntos podrían facilitar acuerdos entre sectores opositores y bloques dialoguistas, aunque todavía persisten diferencias sobre la estrategia para enfrentar al oficialismo.



