Diputados del bloque de Juntos por el Cambio se presentaron esta mañana ante la Justicia Federal para solicitar ser querellantes en la causa por las vacunaciones a funcionarios e intendentes no contemplados en el Plan Nacional de Vacunación, que ya suma tres denuncias.
La acusación presentada por el bloque fue puntualmente contra la ministra de Salud, Claudia Palladino, y contra en ministro de Gobierno y Justicia, Jorge Moreno. Previamente los legisladores José Sosa y Hugo Ávila, habían presentado sus denuncias en las que además se incluía a los intendentes Roxana Paulón (Fiambalá) y Guillermo Ferreyra (Fray Mamerto Esquiú).
El texto presentado en el juzgado señala lo siquiente:
“SOLICITAMOS CONSTITUIRNOS COMO QUERELLANTES PARTICULARES EN LA DENUNCIA PENAL, ANTE EL JUZGADO FEDERAL DE CATAMARCA. ES NECESARIO Y PRIORITARIO INSTAR LA INVESTIGACIÓN DE LA CAUSA DE LAS VACUNAS VIP EN CATAMARCA. EL PUEBLO REQUIERE TRANSPARENCIA EN EL MANEJO DE LA SALUD PUBLICA EN TIEMPO DE PANDEMIA.
Nos presentamos como Querellante Particular en los términos establecidos por el art. 82 del CPPN en nuestro carácter de ofendidos por delitos de acción pública y, también en nuestra calidad de Diputados Provinciales y representantes de los habitantes de la Provincia de Catamarca. Esto por cuanto a prima facie la Ministra de Salud de la Provincia Claudia Palladino y el Ministro de Gobierno Jorge Moreno, con respecto al plan de vacunación (COVID- 19) utilizaron su posición funcional, abuso del poder que el cargo les confería y a su vez malversaron los bienes que el Estado le había confiado su administración, para proceder ilegal y arbitrariamente a dar prioridad en la vacunación a personas fuera de grupos de riesgo y de los catalogados esenciales, postergando estos, a cambio de darles prioridad, como se dijo a otros ciudadanos sin conocer los motivos, a fin que se les administren la dosis de la vacuna referida.
El Derecho a ser querellantes en esta investigación, surge de nuestro carácter de Diputados Provinciales y que como tales nos erigimos en representantes del pueblo que, mediante el sufragio nos erigió para dar voz y voto según las necesidades generales y específicas que corresponden. También, no debemos dejar de sopesar que en nuestro rol de oposición se nos encomienda a modo de “deber” el ser el contrapeso de las decisiones del órgano central de poder para garantizar el control necesario en un país democrático y republicano según nuestra organización.
De lo dicho, puede entenderse claramente que la legitimación para ser tenidos como querellantes proviene que el accionar que se está investigando generaría un menoscabo en los derechos de todos los habitantes que representamos y que estamos obligados a defender, particularmente también del propio en nuestro rol de oposición. Dicho de otra manera, el delito denunciado e investigado, produciría o surtiría efecto en la sociedad toda, por el proceder ilegal y arbitrario de los funcionarios denunciados.
Además de lo ya resaltado, además de ser diputados, somos habitantes de la provincia y en ese orden, también nos vemos afectados por la sustracción de la posibilidad de acceder a un plan de Vacunación serio y respetuoso de las necesidades prioritarias, con la consiguiente lesión al sistema de salud provincial que esto acarrea. Es decir, también somos ofendidos por el delito que se investiga y el artículo 7 de Declaración Universal de Derechos Humanos establece que: ‘Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación'”.
