Durante la sesión especial de este martes, legisladoras y legisladores de Diputados aprobaron dos iniciativas impulsadas por el oficialismo que buscan avanzar en la modernización del Estado y en el fortalecimiento de los derechos humanos: por un lado, se ratificó el Decreto Acuerdo del Ejecutivo para implementar la bancarización y el Sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE) en los municipios; por otro, se otorgó media sanción a la creación de una Ley Provincial Antidiscriminación. Ambas medidas fueron aprobadas en el marco de la sesión que incluyó la derogación parcial del decreto que reformaba la Ley del Defensor del Pueblo.
Durante el tratamiento para ratificar el Decreto Acuerdo que establece la bancarización progresiva de las operaciones económicas municipales y la adopción del GDE como herramienta de administración, Natalia Ponferrada (Frente de Todos), como miembro informante destacó que la propuesta representa “un paso importante hacia la modernización de la administración pública”, al tiempo que permitirá “optimizar los procesos de pago, reducir costos operativos y facilitar el acceso a servicios financieros formales para trabajadores y proveedores”.
Además, remarcó que el sistema mejorará “la trazabilidad de los fondos públicos, reduciendo riesgos y asegurando el cumplimiento de principios de eficiencia, transparencia y rendición de cuentas en la gestión de los recursos públicos”. Ponferrada también explicó que el proceso será progresivo y adaptable: “Aquellos municipios que soliciten la excepción deberán presentar un informe técnico justificativo, demostrar las alternativas implementadas y someterse a una evaluación trimestral, teniendo siempre la obligación de informar sobre la implementación efectiva del instrumento”.
Desde la oposición, el diputado Alfredo Marchioli (UCR) expresó su acompañamiento al proyecto y valoró su impacto en términos institucionales. “Consideramos que esto es positivo, estas cosas vienen a contribuir a que la administración de los fondos que tiene cada uno de los municipios dentro de sus autonomías sea para el bien común y no para enquistarse en el poder”, dijo. En ese sentido, agregó que “no hay ninguna restricción por parte de todos los municipios de la provincia a acogerse a esta normativa, que viene a transparentar, a agilizar y a optimizar los recursos económicos que son distribuidos por la provincia”.
Más adelante, el cuerpo dio media sanción a un proyecto de Ley Antidiscriminación, autoría de la diputada Adriana Díaz (Frente de Todos), cuyo objetivo es prevenir, sancionar, reparar y erradicar los actos discriminatorios en el ámbito de la provincia. Durante la defensa de la iniciativa, Díaz enfatizó la necesidad de que Catamarca cuente con un marco legal específico que aborde esta problemática: “Consideramos que la provincia debe tener un marco legal que impere, que reafirme la voluntad política de construir una cultura de no discriminación”.
La legisladora subrayó que el texto aprobado contempla la defensa de la igualdad, la pluralidad y la dignidad de todas las personas, “sin distinciones de ninguna naturaleza, ni de origen, ni de etnia, ni de géneros, ni de adherencias religiosas, de creencias, ni personas con discapacidad, ni personas adultas y mayores”. El proyecto busca articular acciones con distintas instituciones para garantizar los derechos vulnerados, generar mecanismos de reparación y promover políticas públicas inclusivas.