La diputada Adriana Díaz ha emitido una fuerte advertencia sobre las posibles implicaciones de las políticas gubernamentales actuales en materia laboral, tras el reciente rescate de 90 personas que vivían en condiciones deplorables en el establecimiento Olivares de Poman SA, llevado a cabo por el sindicato de trabajadores rurales (UATRE).
Díaz expresó su preocupación por lo que considera un posible escenario futuro si se siguen implementando políticas flexibilizadoras y si se legalizan mediante Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) y la llamada “ley ómnibus”, que está pendiente de aprobación en el Senado.
“El rescate de estas 90 personas, encontradas viviendo en condiciones inhumanas, podría volverse una situación cada vez más común si el gobierno nacional continúa con políticas flexibilizadoras y legalizando el trabajo esclavo a través de DNU y la ley ómnibus”, advirtió la diputada.
“Legalizar el trabajo no registrado como multa y hacer la vista gorda ante los explotadores es abrir la puerta al trabajo esclavo, el trabajo infantil y la trata de personas. Esto solo provocará una mayor precarización en un sector donde esta ya es una de las mayores preocupaciones, que se ha estado tratando de combatir y reducir durante años”.
Díaz también señaló una preocupante estadística: “Durante los últimos cuatro años, más de la mitad de las 5400 personas rescatadas de la reducción a servidumbre en nuestro país provenían del ámbito rural. Había programas disponibles para brindarles ayuda económica, capacitación y reinserción laboral, así como acceso a viviendas, pero todos estos programas se encuentran paralizados desde que asumió Milei”.
La diputada hizo referencia a la denuncia penal presentada por Gustavo Vera contra la ministra de Capital Humano Sandra Petovello por negar asistencia a las víctimas de trata, mientras los gobiernos provinciales hacen lo que pueden.
“El protocolo establece que, en primer lugar, interceda el programa Rescate, pero el gobierno nacional ha despedido a muchos trabajadores de este programa, lo que ha provocado que no llegue a las provincias. En segundo lugar, se debe reubicar a las personas en su provincia o lugar de origen y proporcionar ayuda económica inmediata a través de programas como Acompañar, Restituir o Potenciar, que actualmente están totalmente paralizados o suspendidos”, advirtió la legisladora.
“En los últimos años se estaba mejorando la asistencia a las víctimas de trata o reducción a servidumbre, especialmente en lo que respecta al apoyo posterior al rescate, además de la multa y el juicio a los explotadores por trata. Pero ahora, si se rescata a una persona, simplemente se la traslada a su lugar de origen y no se le proporciona más asistencia de ninguna otra forma, lo que significa que, en pocos días, estará trabajando en otro campo”, concluyó Díaz.