Se emitió dictamen en la causa que investiga a un grupo de profesionales de la salud acusados de defraudar a la Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP) mediante una maniobra de facturación irregular. La investigación apuntaba a una serie de prácticas presuntamente fraudulentas que habrían implicado el uso de documentación adulterada y generado perjuicios económicos a la administración pública.
Barros explicó que se arribó a un acuerdo de suspensión del juicio a prueba (probation), que incluye el cumplimiento de una serie de requisitos y el pago de una suma total que asciende los 15 millones de pesos en concepto de reparación del daño.
“Durante el tiempo de la probation, que es de un año, los hasta acá imputados quedan bajo la supervisión de la jurisdicción. El no cumplimiento de alguna de las pautas va a significar dar por cumplida la probation y someterse a juicio”, señaló el fiscal.
Asimismo, precisó que será la obra social la encargada de informar la cuenta donde se efectuará el depósito correspondiente a la reparación económica. “Es reparación del daño”, remarcó Barros, y añadió que la causa quedará suspendida durante un año hasta el cumplimiento efectivo de las condiciones acordadas.
Por último, el fiscal destacó que esta medida constituye “una solución alternativa de conflictos”, dentro de los mecanismos previstos por la justicia penal.
Lectura del veredicto del tribunal
