Ángel Di María y Leandro Paredes negaron públicamente estar vinculados a una red de apuestas deportivas ilegales que investiga la Justicia italiana. Sus nombres surgieron en el marco de una causa que se inició a partir de la revisión de los teléfonos celulares de los futbolistas Sandro Tonali y Nicolò Fagioli, incautados en octubre de 2023. Ambos fueron posteriormente sancionados por haber apostado en plataformas no autorizadas.
El diario Corriere della Sera publicó que Di María y Paredes, quienes jugaron en Juventus entre 2021 y 2023, integraban una lista de doce futbolistas que habrían apostado fuera del sistema regulado, entre diciembre de 2021 y octubre de 2023. Sin embargo, tanto el ex Rosario Central como el mediocampista de Roma rechazaron rotundamente cualquier implicación. “Jamás hice apuestas ilegales de ningún tipo”, escribió Di María en sus redes sociales. Paredes, en tanto, difundió un comunicado similar, desligándose de las acusaciones.
Según la investigación, las apuestas se realizaban a través de dos plataformas ilegales gestionadas por Tommaso De Giacomo y Patrick Fizzera. También se descubrió que tres personas vinculadas a una joyería en Milán actuaban como intermediarios financieros para cubrir las deudas derivadas de esas apuestas.
La publicación italiana aclaró que no existen indicios de que los jugadores hayan apostado en partidos propios ni que hayan arreglado resultados. La actividad ilegal se habría limitado a otras disciplinas deportivas y, según fuentes judiciales, se trató más de una forma de pasar el tiempo que de un intento de obtener beneficios económicos.
Además de Di María y Paredes, en la causa figuran Alessandro Florenzi, Nicolò Zaniolo, Mattia Perin, Weston McKennie, Raoul Bellanova, Samuele Ricci, Cristian Buonaiuto, Matteo Cancellieri, Junior Firpo, y el tenista Matteo Gigante, entre otros. También fueron mencionadas al menos diez personas sin relación con el deporte profesional.
Aunque el delito contempla una multa económica de 250 euros, las consecuencias deportivas podrían ser más severas en caso de comprobarse violaciones a los reglamentos federativos.