Los bonistas le presentarán a la Argentina su decisión de volver a negociar “de buena fe”. Y sobre una oferta concreta y definitiva para cerrar el acuerdo. Está armada, básicamente, sobre la fórmula de partir las diferencias financieras entre las dos partes, y en aclarar ante instituciones de peso internacional las cuestiones legales sobre las que no hay acuerdo.
Según la fórmula aún en elaboración, la intención es cortar las puntas entre el 53% que proponía el Gobierno de Alberto Fernández y el 56% de la última propuesta de los acreedores. El porcentaje final de Valor Presente Neto (VPN) de la deuda sería un equilibrado (levemente inclinado hacia el costado acreedor) 54,9%. A ese número se llegaría con un mix de incremento en los pagos por parte del país de unos u$s130 millones anuales en el período 2020/ 2030; y entre 40 y 50 millones entre 2020 y 2024, dependiendo de la combinación de bonos que se tome.
Reclamarán además que el Gobierno prorrogue el “anabólico” del bono 2030, pero que tome en cuenta una tasa de interés superior al 1% en dólares y 0,5% en euros que ofreció la última, y fallida, oferta de Martín Guzmán, asumiendo que tampoco se aplicaría la intención de los bonistas de una tasa de 4,9%.
Según la visión de los acreedores, este podría ser el mayor aporte desde los fondos de inversión para acelerar el acuerdo final.
Sobre la cuestión legal, los acreedores están dispuestos a discutir nuevamente el concepto de “acreedores privilegiados” y, ahora sí, dejarse calificar de esa manera si esto ayuda a destrabar las negociaciones. Esto implicaría que las “cláusulas de reasignación” quedarían delegadas sólo a los inversores particulares. Mientras que, si se llega a un acuerdo, BlackRock, Fidelity, Ashmore, Authority, Monarch, Gramercy, Pharo Managment, Redwood Capital, Oaktree Capital, VR Capital, HBK, Pimco, Mangart Capital, Amundi, BlueBay, Rowe Price, Western Asset Management, Wellington, Alliance Bernstein y Cyrus -entre aproximadamente otros 80 tenedores de deuda-, serían considerados como exentos de la primera calificación y, en consecuencia, liberados de eventuales reasignaciones según las fórmulas de Guzmán.
Se convertirían así en VIP, por encima de los particulares en general (salvo personas con mucho volumen de deuda argentina) y de los fondos menores en litigio. Todos estos podrían luego ser derivados a una escala de bonos según los criterios de Economía.