La denuncia fue radicado en el año 2017 a partir de una advertencia que hizo una ONG de Estados Unidos contra la pedofilia en internet llamada National Center for Missing and Exploited Children. Fue esta organización la que detectó la circulación de imágenes desde el IP de la computadora del acusado.
En Argentina, el caso fue pasando a distintos juzgados hasta que en septiembre del año pasado el juez de instrucción subrogante Martín Yadarola tomó el caso y empezó a identificar a las víctimas. Entre ellos, hay dos sobrinos del acusado que al momento de los hechos eran menores de edad. Uno de ellos ya es mayor.
La acusación se agrava por el tipo de contenido que no solo distribuía sino también producía: el hombre captaba imágenes de sus sobrinos sin advertir que estaban siendo filmados. Los niños eran los hijos de su cuñada.
Cuando se ordenó el allanamiento a su domicilio en 2019 en el barrio de Flores se le encontraron más de 195 mil archivos. Entonces, el acusado logró fugarse y se encerró en un hotel donde intentó quitarse la vida y hasta dejó una carta dirigida a su esposa, hermana de la mamá de las víctimas, en la que pedía perdón por lo sucedido.
Sin embargo, no logró su cometido, fue hospitalizado y luego derivado a un neuropsiquiátrico. Luego, en su intento de querer escapar de la Justicia, el hombre responsabilizó por los videos de sus sobrinos a su esposa. La coartada fue rechazada por el juez y ordenó detenerlo inmediatamente.
Se lo acusa como autor del delito de “tenencia, producción, publicación, facilitación, divulgación y distribución de representaciones de personas menores de edad dedicadas a actividades sexuales explícitas o a la exhibición de sus partes genitales con fines predominantemente explícitas, agravado por tratarse de menores de trece (13) años”. Además, le impuso un embargo sobre sus bienes de 2,5 millones de pesos.