El Ministerio de Capital Humano, dirigido por Sandra Pettovello, junto con ANSES, denunció ante la Justicia 203 casos de irregularidades graves en la tramitación de la Asignación por Embarazo para Protección Social. La investigación puso al descubierto la presentación de documentación falsa y certificados médicos apócrifos en distintas oficinas, lo que permitió el cobro fraudulento del beneficio, cuyo valor en octubre es de $87.815.
Las anomalías surgieron a partir de alertas en la Unidad de Atención Integral (UDAI) de González Catán, en La Matanza, y se extendieron a otros puntos, como Lomas de Zamora, Retiro, Moreno, Trujillo y Río Gallegos. Entre las irregularidades detectadas se encuentran:
- Certificados médicos falsos sin registro de nacimiento: Solicitudes de asignación con documentos que no reflejaban ningún nacimiento o interrupción de embarazo posterior a la fecha declarada.
- Simulación de interrupciones de embarazo: Presentación de certificados falsos para seguir percibiendo la prestación hasta la presunta interrupción del embarazo.
- Fechas de parto futuras: Certificados con fechas aún no alcanzadas que ya se utilizaban para cobrar pagos prenatales.
- Certificaciones inválidas: Formularios rechazados por inconsistencias en matrículas médicas, sellos o datos personales.
Casos destacados
Uno de los casos más insólitos ocurrió en González Catán, donde una médica obstetra apareció firmando certificados que resultaron ser falsificaciones. Tras una investigación, se comprobó que la profesional no trabajaba en los hospitales mencionados en los documentos y desconocía las firmas atribuidas a ella. Situaciones similares se repitieron en Turdera, Lomas de Zamora, donde se utilizaron falsificaciones de firmas y matrículas de médicos que no habían atendido a las supuestas beneficiarias.
El análisis de la documentación muestra un patrón de fraude uniforme en la presentación de formularios PS 2.67 falsificados o con datos erróneos. Muchas de las mujeres implicadas no habían asistido a consultas médicas para certificar sus embarazos, lo que sugiere la inexistencia de los mismos.
Impacto económico
El perjuicio económico para ANSES podría ascender a más de $160 millones. Si los 203 casos hubieran cobrado el 100% de la prestación durante los 9 meses correspondientes, el monto alcanzaría $165.959.199. Sin embargo, un cálculo más detallado, que considera diferentes períodos de cobro y grupos de beneficiarios, reduce la cifra a $58.862.376.
Reacción oficial
Para evitar la repetición de este tipo de fraudes, el ministerio y ANSES están rediseñando los procedimientos, enfocados en la digitalización de certificados y mejoras en la verificación de trámites. La denuncia penal fue presentada ante los tribunales de Comodoro Py y recayó en el juzgado federal de Sebastián Ramos.
Requisitos para la asignación
Según la normativa vigente, la beneficiaria debe ser argentina nativa o residente con al menos tres años en el país, no tener obra social, estar desocupada o en trabajos informales, y completar el formulario PS 2.67, entre otros requisitos. El objetivo de la asignación es brindar protección a las mujeres gestantes en situación de vulnerabilidad.