En medio de la campaña electoral, esta semana se sumaron denuncias públicas que alertaron sobre posibles irregularidades en el padrón electoral. Ante estas acusaciones, tanto la Justicia Federal como el Registro Civil minimizaron las presentaciones asegurando que las variaciones detectadas se encuentran dentro de los parámetros normales.
El diputado nacional y precandidato a gobernador por Juntos por el Cambio, Rubén Manzi, formalizó una denuncia relacionada con el caso de Fiambalá, poniendo de manifiesto su preocupación por el supuesto mal manejo del padrón. Sin embargo, el juez federal con competencia electoral, Miguel Contreras, respondió a esta denuncia señalando que la impugnación era extemporánea, ya que el plazo para realizarla había vencido según el cronograma de la Cámara Nacional Electoral.
Contreras argumentó que el escrito presentado carecía de la fundamentación mínima necesaria para su consideración, calificándolo como una alegación retórica sin indicios serios y objetivos. Además, el juez informó que el Juzgado había llevado a cabo una verificación de los padrones electorales de este año en comparación con los del año anterior, encontrando un incremento de 157 electores en el distrito de Icaño. Este aumento, según el juez, se debe principalmente a nuevos ciudadanos que han alcanzado la edad para votar por primera vez, y está muy lejos de los 800 supuestos infractores denunciados.
Sin embargo, en los casos de Bañado de Ovanta y Antofagasta de la Sierra, la Justicia Federal sí tomó medidas al respecto. En Santa Rosa, se reportaron 250 personas con domicilios ilegítimos, quienes deberán votar en su domicilio anterior, la mayoría de ellos provenientes de Santiago del Estero. En Antofagasta de la Sierra, otras 90 personas fueron informadas sobre la irregularidad, principalmente relacionada con la actividad minera.