La Unidad de Información Financiera (UIF) denunció un esquema de corrupción en municipios del norte argentino, donde empleados públicos retiraron grandes sumas de dinero sin justificación, parte de las cuales se utilizaron para comprar dólar MEP, en un contexto que sugiere financiamiento electoral.
Un informe de la Unidad de Información Financiera (UIF) reveló una presunta maniobra de corrupción en municipios de Catamarca, Tucumán y Salta, que habría permitido la extracción de grandes sumas de dinero en efectivo sin justificación económica aparente. En paralelo, se detectaron movimientos sospechosos en cuentas privadas de empleados públicos, quienes utilizaron los fondos depositados para la compra de dólar MEP.
Según el documento de la UIF, el esquema habría facilitado la malversación de al menos $45.000 millones en los últimos dos años y medio. La investigación preliminar se basa en los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) enviados por bancos y entidades financieras, que alertaron sobre estos movimientos irregulares en municipios de Tucumán, Salta y Catamarca.
Movimientos millonarios sin justificación
El informe detalla tres patrones de operación recurrentes:
- Extracciones en efectivo por importes significativos desde cuentas municipales.
- Depósitos en cuentas personales de empleados municipales sin capacidad de ahorro para justificar los montos.
- Compra de dólar MEP con esos fondos y posterior retiro en efectivo.
La UIF también advirtió que estas operaciones se incrementaron en los meses previos a las elecciones nacionales y provinciales de 2023, lo que sugiere un posible uso de estos fondos para el financiamiento de campañas políticas.
El caso más grave: La Banda del Río Salí, Tucumán
Uno de los municipios más comprometidos en la investigación es La Banda del Río Salí, en Tucumán. Entre enero de 2023 y junio de 2024, se habría extraído más de $17.000 millones a través de la operatoria “cheque por ventanilla” sin una justificación clara. Esta cifra representa casi el 40% del total de los fondos sospechados a nivel nacional.
El Banco Macro, donde la municipalidad tiene sus cuentas, alertó a la UIF sobre estas irregularidades en cumplimiento de la ley antilavado (Ley 25.256), que obliga a reportar operaciones sospechosas. Sin embargo, hasta el momento, el intendente de La Banda del Río Salí, Gonzalo Monteros, no ha brindado explicaciones. Su padre, Darío Monteros, actual ministro del Interior de Tucumán, es un dirigente cercano al gobernador Osvaldo Jaldo, del Partido Justicialista.
Denuncia y posible vínculo con financiamiento electoral
Ante la magnitud del presunto desfalco, la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) presentó una denuncia ante la Cámara Nacional Electoral. La información fue segmentada por distritos y la investigación será descentralizada en cada jurisdicción involucrada.
Desde la UIF, los funcionarios a cargo confirmaron que los informes han sido girados a la PROCELAC y se ha alertado a los bancos y entidades financieras. “Esto derivará en procesos judiciales contra los funcionarios involucrados”, aseguraron fuentes de la UIF. La investigación continúa en desarrollo.
Con información de Infobae