Nueve personas fueron detenidas en una serie de operativos realizados en la zona sur del Gran Buenos Aires, donde una organización criminal se dedicaba a la evasión impositiva y el lavado de activos mediante un corralón de materiales que operaba en el corredor Canning–San Vicente. Todos los arrestados son argentinos y mayores de edad.
Las fuerzas federales clausuraron los comercios vinculados al rubro de la construcción y secuestraron 24 camiones, cinco vehículos particulares, dispositivos electrónicos, 456 mil dólares, 200 euros, 138 mil pesos y abundante documentación relevante para la causa.
Los procedimientos incluyeron 32 allanamientos en distintos puntos del territorio bonaerense, entre ellos Canning, San Vicente, Adrogué, Monte Grande y Avellaneda, y estuvieron vinculados a maniobras ilícitas cometidas por dos empresas principales y otras firmas relacionadas al corralón denunciado por la Administración de Recursos de Control Argentino (ARCA).
La investigación comenzó en agosto, a partir de un oficio de la Fiscalía Federal Nº 2 de Lomas de Zamora, a cargo de Cecilia Icardona, que encomendó a la División Lavado de Activos de la Policía Federal Argentina (PFA) realizar pesquisas sobre varios domicilios de personas físicas y jurídicas denunciadas en 2023 por evasión y posibles operaciones de lavado.
El corralón investigado —de importante presencia en la zona— habría creado empresas fantasma para simular ventas y transacciones comerciales, con el objetivo de eludir el pago de tributos y ocultar el origen del dinero. Los investigadores detectaron un crecimiento económico inusual en los últimos años y confirmaron que muchas de las firmas utilizadas estaban a nombre de personas sin capacidad económica o en situación de vulnerabilidad.
Las autoridades también encontraron irregularidades en la venta de lotes de un emprendimiento en un barrio cerrado del corredor Canning–San Vicente, donde los valores declarados eran muy inferiores a los reales. Además, identificaron una estación de servicio vinculada a los mismos involucrados, pero registrada a nombre de terceros.
Según la PFA, las empresas “ficticias” eran alimentadas con depósitos en efectivo y transferencias cruzadas entre sí, simulando operaciones comerciales para blanquear fondos y dar apariencia de legalidad a movimientos financieros millonarios.
El operativo estuvo a cargo del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal y fue supervisado por el Ministerio de Seguridad de la Nación, que destacó la importancia del trabajo conjunto para desarticular estructuras económicas ilegales que generan fuerte daño al sistema tributario y financiero del país.
