Una organización narco que operaba desde el interior de la Unidad Penal Nº 31 de Florencio Varela fue desarticulada esta semana tras una investigación liderada por la UFI Nº 9, especializada en delitos carcelarios y a cargo del fiscal Christian Granados. El operativo incluyó 20 allanamientos, culminó con cuatro detenidos y permitió el secuestro de más de 1.300 dosis de cocaína, marihuana, armas y dinero.
La causa apunta a una red de comercialización de estupefacientes encabezada por los internos Fernando Martín Escobar Brítez, alias “Alan”, de 35 años, y Matías Ezequiel Paz Benítez, conocido como “Maty”, de 40. Ambos fueron señalados como líderes de una estructura de narcomenudeo que utilizaba visitas femeninas para ingresar la droga al penal, principalmente durante las jornadas habilitadas.
Según la hipótesis fiscal, estas mujeres actuaban como “mulas”, recibiendo pagos por adelantado y ocultando los estupefacientes en sus pertenencias o ropa para distribuirlos en al menos 13 sectores del establecimiento penitenciario. La red contaba además con apoyo logístico externo desde el barrio Villa Azul.
El jueves 13 de junio se realizaron 13 allanamientos dentro del penal, que incluyeron celdas específicas. Allí se incautaron sustancias prohibidas, teléfonos celulares y otros elementos de interés. Al día siguiente, se concretaron siete allanamientos simultáneos en domicilios de Quilmes, Avellaneda, San Miguel y La Plata.
En total, fueron detenidas cuatro personas —de entre 21 y 37 años— y otras seis resultaron notificadas de la formación de causa. Entre ellas, una mujer de 38 años y otra de 47 fueron identificadas como proveedoras directas de droga para Paz Benítez, mientras que dos hombres de 28 y 30 años habrían cumplido funciones como “satélites” del búnker.
Durante los procedimientos se secuestraron 1.342 dosis de cocaína, 98 de marihuana, un revólver calibre .32 con municiones, cartuchos de escopeta, una máquina contadora de billetes, cinco celulares y $29.500 en efectivo. Todo fue puesto a disposición de la fiscalía como evidencia del circuito narco.
La investigación sigue en curso para determinar el grado de participación de los implicados y posibles conexiones con otras redes criminales en la región. El caso fue caratulado como infracción a la Ley 23.737, que regula los delitos vinculados a estupefacientes.