Un operativo de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires se desplegó en la madrugada de este domingo para desalojar a un grupo de militantes que acampaban frente al domicilio de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, ubicado sobre la calle San José al 1100, en el barrio porteño de Constitución.
El procedimiento, que se desarrolló desde las 2 de la mañana con un total de 160 efectivos, consistió en el retiro de carpas, banderas y estructuras montadas sobre la vía pública. Las autoridades indicaron que no se registraron enfrentamientos, represión ni detenciones. “No se reprimió a nadie. Se limpió la zona y se fueron”, señalaron desde el Gobierno porteño.
La medida fue ejecutada sin convocatoria pública y de forma sorpresiva con el objetivo de “liberar el espacio público” y evitar disturbios. Para las 3 de la mañana, la circulación en la zona ya se había restablecido y no quedaban efectivos en el lugar.
Este operativo se da en el marco del reciente pedido de prisión domiciliaria que presentó la defensa de Cristina Kirchner, luego de que la Corte Suprema dejara firme su condena a seis años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos en la causa Vialidad.
El abogado de la exmandataria, Carlos Beraldi, solicitó al Tribunal Oral Federal 2 que se le permita cumplir la pena bajo arresto domiciliario, argumentando cuestiones de seguridad personal y su rol institucional como expresidenta. En el escrito, se citó el intento de magnicidio ocurrido en septiembre de 2022 como fundamento central del pedido.
La dirección propuesta para la detención es el mismo domicilio donde se realizó el operativo: la vivienda en San José al 1100, donde Cristina reside junto a su hija Florencia Kirchner. Peritos de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal ya inspeccionaron la propiedad y determinaron que cumple con las condiciones necesarias.
Además, la defensa solicitó que no se le imponga el uso de tobillera electrónica, dado que Cristina ya cuenta con custodia oficial las 24 horas. Beraldi afirmó que, en caso de concederse la domiciliaria, podrá recibir visitas sin restricciones horarias, e incluso permitir que personas se queden a dormir, salvo que el tribunal imponga condiciones específicas.
Mientras tanto, el TOF 2 analiza otras alternativas y solicitó al Ministerio de Seguridad, encabezado por Patricia Bullrich, que informe si hay dependencias de fuerzas federales disponibles para alojar a los condenados.